El presidente de CERMI en Castilla y León, Juan Pérez, ha reivindicado este lunes la "participación de manera activa" del Tercer Sector en la recuperación del país para no dejar atrás o a un lado las situaciones de mayor vulnerabilidd y más complicadas.

Este es uno de los principales mensajes que ha trasladado Juan Pérez con motivo de la constitución este lunes de la Mesa del Tercer Sector en el marco del Plan de Reconstrucción de la Unión Europea con la que la Junta abre a la participación la gestión y coordinación de los fondos europeos con la aspiración de favorecer la inversión en el impulso a la modernización e innovación de los Servicios Sociales de Castilla y León.

De hecho y según han constatado Juan Pérez como la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, Castilla y León es "la única comunidad autónoma" que ha reservado una partida de los fondos europeos consignados para el ámbito social a la ejecución de proyectos de colaboración con las entidades del Tercer Sector que contarán con 15,7 millones de euros, el 10 por ciento de los 150,74 millones de euros asignados a la Comunidad por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el periodo 2021-2023.

Según ha recordado Isabel Blanco a este respecto, otro 20 por ciento del montante global asignado a la Comunidad por el Ministerio con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se reservará para las entidades locales.

Según ha detallado la consejera, que ha estado acompañada también por el titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en el listado de los 166 proyectos de inversión remitidos por su departamento para su aprobación por parte de la Comisión Europea figuran las 48 iniciativas cuyo desarrollo se efectuará de la mano de la Plataforma del Tercer Sector que también han recibido el "visto bueno" del Ejecutivo a la espera ahora de la respuesta de Bruselas.

En su mayoría, ha precisado, son "proyectos piloto de innovación y de transformación tecnológica" en los ámbitos de la dependencia, la discapacidad, la inclusión social y la infancia, con "un objetivo común", mejorar la protección y la atención a las personas más vulnerables, ya sea en los centros residenciales o en su propio hogar, según el modelo de cuidados centrado en la persona.

El mayor volumen de iniciativas, 18 en total por algo más de cuatro millones de euros, se concentra en el área de la discapacidad e incluye proyectos de digitalización e innovación para facilitar los cuidados de las personas que necesitan apoyos, "siempre favoreciendo su vida independiente y su inclusión social y laboral".

En este apartado, ha explicado, se inscriben iniciativas tecnológicas relacionadas con la Teleasistencia Avanzada y programas como 'Viviendas en Red', un proyecto piloto de Dependencia 5.0 que iniciará su implantación en la provincia de Salamanca, y que consiste en la adaptación arquitectónica y tecnológica de casas en el ámbito rural para permitir a quienes quieren continuar en un hogar hasta final de su vida que puedan hacerlo en condiciones de seguridad y confortabilidad.

Asimismo, se han planificado once proyectos en el ámbito de la Dependencia por un volumen de inversión cercano a los 4,2 millones de euros con la implementación de las nuevas tecnologías "como elemento clave" en la protección y mejora de la atención a los más vulnerables. En este epígrafe ha destacado la creación de un espacio interactivo para la promoción de la vida autónoma y la prevención de la dependencia.

Por su parte y para potenciar la inclusión social y laboral de las personas mayores, con discapacidad y dependencia, así como de las mujeres y los jóvenes, se prevén desarrollar en colaboración con el Tercer Sector 13 proyectos con un presupuesto de 5,1 millones de euros entre los que destacan los relacionados con la reducción de la brecha digital o la configuración de una cartera de servicios inclusiva y generadora de empleo.

Finalmente, se han planificado otros seis proyectos en el ámbito de la infancia por un montante cercano a los 2,3 millones de euros orientados a la protección de los menores, la prevención e intervención ante la violencia en el ámbito filioparental, o su formación y futura inserción laboral.

Isabel Blanco ha aprovechado la ocasión para recordar que durante el último pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia solicitó al Ministerio la creación de una línea específica de financiación para iniciativas de inversión del Tercer Sector Social.

Según ha recordado por su parte Fernández Carriedo, la Junta de Castilla y León ha creado la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea y ha remitido al Gobierno de España la Biblioteca de Proyectos de Comunidad que recoge en total más 450 proyectos por un volumen global de inversión de 6.800 millones de euros con el objetivo de conseguir 5.000 millones de los Fondos de Nueva Generación.

La mitad de ellos, ha precisado, serían gestionados por el Estado con cargo a inversiones previstas en sus Presupuestos y al apoyo a la actividad económica a través de las Manifestaciones de Interés o los Proyectos Estratégicos, y los restantes 2.500 millones gestionados por la Junta, en lo que ha vuelto a reivindicar como "un objetivo muy ambicioso, pero también justo e irrenunciable".

Fernández Carriedo ha abogado por un proceso "lo más participativo posible" para lo que se han impulsado ya la creación de las cuatro mesas específicas de información: la Empresarial (constituida el 20 de abril); la de Coordinación con las Corporaciones Locales (el 30 de abril); la Científico-Tecnológica (el 5 de mayo), y la del Tercer Sector Social (creada hoy)-, a las que se añaden otros órganos sectoriales ya existentes, como el Consejo del Diálogo Social, el Consejo de Políticas Demográficas, el Consejo Agrario, el Comité de Cooperativismo Agrario y el Consejo Castellano y Leonés de Salud.