La Audiencia de Valladolid ha impuesto un conjunto de penas que suman siete años y medio de cárcel a los cuatro 'liquidadores' de dos de las más importantes empresas vallisoletanas de transporte de mercancías, H. de la Calle y Argach Buru, por descapitalizar las mismas una vez adquiridas e incluso dejar de pagar a sus empleados.
El juicio estaba previsto que se prolongara durante diez días en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, aunque finalmente ha quedado reducido a una comparecencia en la que los cuatro encausados han ratificado las penas pactadas con las acusaciones pública y particular por delitos de alzamiento de bienes y apropiación indebida.
Así, Pedro M.R. se ha conformado con una condena de dos años y medio de cárcel y el pago de una multa global de 2.700 euros como autor de ambos delitos, mientras que Juan José S.M. y Pedro M.P, este último hijo del primero, han dado el sí a dos años de privación de libertad por idénticos delitos y a sanciones pecunarias por importe de 2.160 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Otro de los condenados, Santiado D.O, en este caso tan solo por apropiación indebida, ha asumido un año de cárcel y multa de 1.080 euros.
Además, y en concepto de responsabilidades civiles, destaca el 1.675.000 euros que los cuatro condenados deberán pagar a Transportes Argach Buru S.A. correspondientes al valor de la flota de vehículos que se hizo desaparecer de la sociedad.
Fiscalía solicitaba inicialmente para los cuatro encausados, Pedro M.R, su hijo Pedro M.P, Juan José S.M. y Santiago D.O, una pena global de nueve años de cárcel por un delito de alzamiento de bienes y otro de apropiación indebida, junto con el pago de una multa de 3.600 euros y el pago de indemnizaciones por importe global de 2.538.645 euros, con responsabilidad civil de Hernández Guerrero SL. y JET43 SL.
Como grandes artífices de que la causa haya salido adelante, también figuran como acusadores particulares dieciséis extrabajadores de las dos extintas mercantiles, con peticiones de hasta 16 años de prisión para Pedro M.R, así como de 14 para su hijo Pedro M.P. y Juan José S.M. y siete para Santiago D.O, e indemnizaciones por la diferencia entre las cantidades reconocidas en las distintas sentencias, tanto de despido, como de reclamación de cantidad, y las efectivamente percibidas, por cada uno de ellos, por parte del Fogasa.
El fiscal del caso y la acusación particular sostenían que los acusados, a través de la empresa Hernández Guerrero S.L, con domicilio social en Huelva, se hicieron en 2012 con la propiedad de dos de las más importantes mercantiles dedicadas al transporte de mercancías por carretera de Valladolid, H. de la Calle S.A. y Argach Buru S.A, de las que conocían sus problemas de endeudamiento y mala situación financiera, y procedieron a su vaciado de bienes y fondos.
Actuando de común acuerdo y siempre bajo el mandato de Pedro M.R, los acusados llevaron a cabo una sistemática salida de bienes y fondos tanto de la rama de actividad de H. de la Calle como de Transportes Argach Buru, sin que estuviera justificada dicha salida por relación de negocio alguna y en beneficio propio y de terceras personas o entidades mercantiles con las que mantenían algún tipo de interés.
En concreto, se procedió a la liquidación o venta de los vehículos con los que se realizaba la actividad de las dos sociedades, desconociéndose el destino final de gran parte de tales vehículos y del
dinero obtenido, al no haberse documentado tales operaciones.
Dichos vehículos han sido valorados pericialmente en la cantidad de 798.400 euros, los pertenecientes a H. de la calle, y en 1.720.645 euros los de Argach Buru. En algunos casos el precio de las ventas, o al menos una parte, se destinó a sociedades estrechamente relacionadas con los acusados.
Con arreglo a la mecánica descrita, los ya condenados fueron disponiendo de la gran mayoría de vehículos, así como de los fondos de ambas sociedades--sin que se haya podido determinar de manera exacta hasta el momento el importe de estos últimos--, descapitalizando las mismas, sin dar continuidad a las actividades propias de éstas y asumiendo el hecho de dejar de atender sus obligaciones con sus acreedores, incluyendo proveedores y los propios trabajadores que dejaron de percibir sus emolumentos al menos desde el mes de octubre de 2012.
La mercantil Hernández Guerrero SL, constituida por escritura pública de fecha 18 de diciembre de 1979 y con sede en Molina de Segura (Murcia), fue adquirida en el mes de marzo de 2012 por los acusados Pedro M.R. y Juan José S.M, pasando a ser el segundo de ellos administrador único mientras que el primero, en virtud de un poder general, asumió el control de la misma, cuyo domicilio social fue trasladado a Bonares (Huelva).
Ambos adquirieron a posteriori las empresas de transporte de mercancías por carretera de Valladolid Hermanos de la Calle S.A. y Argach Buru S.A, en el primer caso en una operación que ascendió a 360.000 euros por la que se hicieron con 26 cabezas tractoras, 25 plataformas de transporte, así como los muebles y demás enseres de la oficina ubicada en la avenida del Euro s/n (edificio Centrolid), además del fondo de comercio consistente en los clientes y el personal de la empresa integrado por 26 trabajadores.
También adquirieron Argach Buru S.A, constituida en 1982 y, al igual que la anterior, en una delicada situación económica que había llevado a la huelga a sus trabajadores. La empresa contaba con un centenar de vehículos (cabezas tractoras, remolques y plataformas), y su domicilio social estaba fijado en la calle Fernández Ladreda núm. 17, en el polígono industrial Argales.