El Supremo rebaja a 10 años las penas de cárcel para los cuatro encausados del 'Caso Samaniego'

El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente los recursos de casación de los cuatro encausados por el denominado 'Caso Samaniego' y ha acordado rebajar de diecisiete a poco más de diez el conjunto de penas para ellos por la adjudicación de obras menores municipales de forma irregular entre 2001 y 2014 al grupo de empresas perteneciente al clan familiar liderado por el que fuera jefe de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego.

Fiscalía y la acusación particular, ejercida esta última por el Ayuntamiento, habían solicitado 35 y 45 que de forma global para los cuatro condenados.

En su fallo, la Sala de lo Penal del Supremo ha rebajado de siete a años y nueve meses a cinco años la condena de cárcel al principal inculpado, Luis Alberto Samaniego, al que halla responsable de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, en concurso con un delito de estafa a la administración--éste aborsve el delito de fraude a la administración por el que también fue condenado--y por otro de estafa agravada en concurso con un delito de falsedad, con penas aparejadas de un año de cárcel por el primero y multa de 7.200 euros y de cuatro años por el segundo, con su inhabilitación por espacio de siete años.

Por su parte, su primo Antonio Bernardo Samaniego, condenado a cuatro años y nueve meses por la Audiencia de Valladolid, ve rebajada la pena a tres años, tres meses y un día de privación de libertad y a cuatro de inhabilitación como cooperador necesario en el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y autor del resto de delitos, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

Además, el hijo del principal inculpado, Luis Javier, y el contable del grupo, Miguel Ángel Rodríguez Patín, que fueron condenados a dos años, también han logrado una rebaja al quedar la pena en un año, tres meses y un día y otros dos de inhabilitación.

Los cuatro habrán de indemnizar, de forma conjunta y solidaria al Ayuntamiento, con casi 178.000 euros, con responsabilidad subsidiaria del grupo empresarial de los Samaniego. Además, Luis Alberto Samaniego y su primo Antonio Bernardo tendrán que hacer lo propio con otros 49.000 euros más al Ayuntamiento.

QUINCE AÑOS SIN QUEJA ALGUNA
Durante el juicio celebrado en 2019 en la Sección Seguna de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, Luis Alberto Samaniego y su hijo, Luis Javier, como cabezas del clan familiar, defendieron la legalidad de sus operaciones y lo ajustado de sus facturas y coincidieron al señalar, en palabras del primero, que en "quince años de trabajos para el Ayuntamiento jamás ha habido queja alguna".

Padre e hijo vinieron a indicar que la contratación de sus empresas por parte del Ayuntamiento, más de una docena, para la realización de obras menores fue absolutamente legal, una práctica "de toda la vida, desde la década de los setenta", con sus mercantiles y otras de la competencia.

"Hemos estado trabajando quince años porque todos esos servicios ofrecidos eran baratos y buenos", incidió Luis Alberto Samaniego, quien insistió en que "nunca jamás en la vida ha habido una queja ni se ha abierto expediente alguno porque no se hubiera ejecutado una de las obras ejecutadas o se hubiera aplicado un sobrecoste".

La acusadora pública y exfiscal jefe, Esther Pérez, había sido categórica al afirmar en su informe final que "hay pruebas incontestables de que los cuatro acusados actuaron de común acuerdo y se concertaron" para asegurarse la adjudicación de buena parte de las obras menores del Ayuntamiento de Valladolid, trama que les dio sus frutos al asegurarse contratos entre 2001 y 2014 por importe no inferiores a los 10 millones de euros.

En este sentido, entendía que no era "fruto de casualidad" que tanto Luis Alberto como su hijo Luis Javier recibieran "pagos en metálico" de su grupo empresarial, integrado por trece mercantiles, al tiempo que consideró "absolutamente probada" la comisión por parte del primero de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, ya que su condición de funcionario en el periodo investigado como responsable de Mantenimiento, con competencia en dirección, supervisión y fiscalización, le prohibía contratar con sus sociedades.

En la misma línea que la acusación pública, el letrado del Ayuntamiento recordó que en 2014 el propio Luis Javier Samaniego, tal y como durante el juicio certificaron el secretario y el interventor municipales, llegó a reconocer su culpa y se 'confesó' con la responsable del Departamento de Patrimonio, su jefa jerárquica. "!Sabía que me iban a pillar!", son las palabras que el acusador particular puso en boca del acusado durante el encuentro mantenido con Isabel Page.

El letrado censuró que incluso los trabajadores de las empresas de los Samaniego entraban en el Ayuntamiento para aprovisionarse de material que luego cobraban a la institución local y, asimismo, dejó entrever que la trama podría alcanzar todavía mayores proporciones por cuanto sólo se investiga la adjudicación de obras menores por parte de tres empresas de los procesados, en referencia a que el clan llegó a crear cerca de una treintena.

Con respecto a las peticiones concretas de las acusaciones, la fiscal del caso, que imputó por delitos continuados de fraude a la administración, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad en documento mercantil y estafa, había pedido para el principal inculpado, Luis Alberto Samaniego, un total de once años de cárcel--en el delito de falsedad le aplicó la agravante de prevalerse del carácter público--, su inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de 18 años y multas por importe de 7.776 euros.

Para su hijo, Luis Javier; su primo y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, pidió ocho años para cada uno, multas por importe de 19.980 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.

Pidió también que, de forma conjunta y solidaria, indemnizaran al Ayuntamiento de Valladolid con 760.146 euros por los sobrecostes y facturas indebidamente percibidas y en aquellas otras cantidades que se acrediten en el juicio oral, cantidades que devengarán el correspondiente interés legal, con la responsabilidad subsidiaria de las empresas del grupo familiar implicadas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid elevó a 45 años el conjunto de penas solicitado por delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad y estafa, y solicitó para Luis Alberto Samaniego 15 años de prisión y 39 de inhabilitación, mientras que para el resto rebajó las condenas solicitadas a 10 años y 23 de inhabilitación, junto con multas en todos los casos de 632.849 euros, en los que ya aparecen incluidos los 537.849 de supuesto beneficio ilícito obtenido por ellos.