Castilla y León recibirá más de 7,3 millones de euros para el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, de un total de 100 millones, según el reparto abordado hoy en la Conferencia Sectorial de Igualdad. Además, a petición de las autonomías, se amplían los programas y actuaciones se podrán destinar el diez por ciento de los 100 millones de transferencias a las comunidades y ciudades autónomas.

De esta forma no solo se podrán destinar a proyectos del Capítulo cuatro sino también a gastos del Capítulo seis que desarrollan el eje 1 del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

La Conferencia Sectorial de Igualdad aprobó los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2021 del crédito de siete millones para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; el millón para implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; y los cinco millones para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.

Junto a estos fondos, se suman 40 millones de euros para las entidades locales abonados el pasado mes de diciembre, lo que multiplica por dos el importe destinado en el pasado ejercicio. De esta forma, se llega a los 8.131 municipios de toda España y no solo a aquellos adscritos al programa VIOGÉN, sino también a todos los de ATENPRO. Esto permite que todos ellos, sobre todo los de menor población y por tanto menos recursos, puedan mejorar la atención que dan a las víctimas de violencia y facilitar la ejecución de las medidas incorporadas en el Pacto.

La ministra de Igualad, Irene Montero, presidió hoy la Conferencia Sectorial de Igualdad, acompañada por la secretaria de Estado para la Igualdad de Género, Noelia Vera; la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas; la directora General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho; y la directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo.

Montero inició su intervención recordando que ante esta situación de alarma machista, “esta Conferencia Sectorial de Igualdad”, que tiene entre sus finalidades conseguir la máxima cooperación y colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades en la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia contra la mujer y en la atención a sus víctimas, “adquiere una relevancia mayor”. “Se trata de una herramienta de coordinación y comunicación que hoy, sin ninguna duda, es más necesaria que nunca tras los últimos asesinatos machistas”.

Montero trasladó a las autonomías presentes que la intención del Ministerio de Igualdad es tener el Plan de Mejora y Modernización de las Actuaciones Contra la Violencia de Género listo en el mes de julio. En ese sentido, ha destacado el papel fundamental de las comunidades y entidades locales para poder diagnosticar qué se debe cambiar o mejorar. “Es en cada uno de los territorios donde se regulan los servicios de atención, ya sean ambulatorios o residenciales, dónde se presta la atención integral y directa a las mujeres y menores víctimas, por eso quería reiterarles la importancia de que realicen todas las aportaciones posibles al Plan”.

Como resultado de las aportaciones recibidas hasta ahora, Montero informó que desde el Ministerio se elaborará, entre otras medidas, un Protocolo Marco de ámbito estatal. Éste recogerá una serie de recomendaciones para la actualización de las acciones de detección, prevención, sensibilización, protección y reparación. “Creo que tenemos mecanismos muy útiles y muy potentes que debemos poner en valor, que deben de guiar y acompañar la actuación común, en aras de poder dar cumplimiento también a los cuatro pilares en los que se fundamenta el Convenio de Estambul: prevención, protección, enjuiciamiento y una actuación coordinada interinstitucional”.