Más compromiso con la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria

La Junta de Castilla y León ha acogido este viernes la presentación del informe 'La Salud en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria', elaborado por medicusmundi y Médicos del Mundo, en el que se analizan las políticas públicas y los recursos destinados por las diferentes administraciones públicas a la Ayuda Oficial al Desarrollo. 

El vicepresidente Francisco Igea, quien ha anunciado su compromiso de incrementar los recursos públicos del Gobierno autonómico en ayuda oficial al desarrollo, también ha señalado que “con la crisis, sanitaria, social y económica que hemos sufrido en el último año, y de la que aún no hemos salido, se ha puesto de relieve que vivimos en un contexto global y no podemos cerrar los ojos ante los impactos e implicaciones de los problemas que nos afectan a nivel mundial”.

En el acto público celebrado en la sede de la Junta de Castilla y León, el coordinador de Médicos del Mundo en Castilla y León, Pedro Campuzano, y la responsable de incidencia política en cooperación y ámbito internacional de esta ONGD, Emiliana Tapia, han presentado los detalles y las cifras recogidas en el informe 'La Salud en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria' .

El vicepresidente Igea ha recordado que en el IV Plan Director de Cooperación para elDesarrollo, actualmente en elaboración, se entiende que todas las intervenciones de desarrollo deben buscar garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, corrigiendo desigualdades y las prácticas discriminatorias que obstaculizan el desarrollo de los individuos y de los pueblos.

Para la Junta de Castilla y León, abordar las intervenciones de desarrollo desde un enfoque en derechos supone abordar las causas estructurales, centrarnos tanto en los resultados como en los procesos, que permitan abordar las brechas sociales que marcan la desigualdad y la exclusión, y que impiden el ejercicio pleno de los derechos. De esta forma se da prioridad a las necesidades de los grupos más pobres, vulnerables y desfavorecidos.

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior -en concreto, desde el Servicio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Dirección General de Acción Exterior- se trabaja en la aplicación de políticas públicas y apoyo a los proyectos que buscan la garantía de derechos fundamentales. Tales derechos fundamentales, además del derecho a la salud que ha centrado el acto de hoy, son los derechos al agua potable y el saneamiento; a la Alimentación; a la Educación; a la vivienda digna; a medios de vida adecuados y suficientes para la subsistencia.

Apoyo a intervenciones centradas en el derecho humano a la salud y acción humanitaria

Dentro de las convocatorias que el Gobierno autonómico habilita cada año, debe apuntarse que los proyectos dirigidos a garantizar el derecho a la salud no han sido numerosos. No obstante, de los recursos públicos destinados a este ámbito específico, la Junta aportó 475.555 euros en 2019 -el 13,34 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a cooperación económica no rembolsable-, y 288.661 euros en 2020 –el 7,78 % de lo destinado en cooperación económica no reembolsable-, en proyectos principalmente dirigidos a África Subsahariana y a materias de salud básica y salud sexual y reproductiva.

En lo que se refiere a la acción humanitaria, la Junta de Castilla y León destina anualmente en torno a 200.000 euros dirigidos a unas cinco o seis intervenciones que llevan a cabo entidades especializadas en acción humanitaria y cuya finalidad es abordar crisis cronificadas, como la de los campamentos de refugiados o atender las emergencias derivadas de desastres naturales o conflictos armados. El porcentaje destinado a Ayuda humanitaria se sitúa en los dos últimos años en el 4,73 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la Junta de Castilla y León.

Las intervenciones humanitarias de la Junta de Castilla y León focalizan su atención en la dotación de alimentos, la dotación de kits higiénicos sanitarios, el acceso a agua potable, el apoyo psicosocial a víctimas de violencia en el caso de población desplazada o refugiada y el apoyo educativo en campos de refugiados. En 2020 estas intervenciones se vieron reforzadas con acciones específicas para prevenir la propagación de la COVID-19 en los contestos humanitarios.

La variedad de proyectos dirigidos de modo específico al acceso a la salud, cuyas intervenciones han sido subvencionadas, abarcan distintos aspectos sanitarios: provisión de servicios de salud materno y neonatal por medio de las nuevas tecnologías; compra de equipamientos para telemedicina con ecógrafos portátiles; formación de profesionales en el uso de equipos portátiles, ecografía/ultrasonido móvil; campañas médicas en zonas remotas; formación a agentes de salud comunitarios sobre salud materna y neonatal; visitas domiciliarias y apoyo psicosocial respecto de la salud reproductiva, salud materna y prenatal; asistencia a víctimas de violencia de género en la red de atención primaria de salud; establecer protocolos de atención sanitaria a víctimas de violencia; formación de profesionales en la atención a víctimas de violencia de género; capacitar a profesionales para asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva a jóvenes; campañas de concienciación a jóvenes de la calle, jóvenes que ejercen la prostitución, etc.; campañas de diagnóstico VIH en las escuela; campañas escolares sobre buenas prácticas de higiene y de alimentación por medio del juego, el teatro, el clown; rehabilitación de las  unidades de emergencias de varios hospitales rurales; y dotación de equipos técnicos para atender emergencias en zonas remotas de países empobrecidos, tales como como desfibriladores, un electrocardiógrafo, un aparato de ventilación mecánica transportable, con monitores de signos vitales.