Trabajadores públicos en abuso de temporalidad de las administraciones de Valladolid, Soria, León y Burgos, con el apoyo de la Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León, se concentrarán este miércoles, a las 12.00 horas, frente a las Subdelegaciones de Gobierno.

Al mismo tiempo, hay convocadas en toda España concentraciones en provincias de todas las comunidades autónomas frente a las subdelegaciones de gobierno, consejerías con competencias en empleo público y frente al Palacio de la Moncloa.

El objetivo es hacer llegar al ministro Miquel Iceta su desacuerdo con las medidas de estabilización propuestas en el último borrador hecho público y que se está negociando con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los sindicatos mayoritarios.

Los interinos de toda España argumentan su rechazo a las líneas de actuación del Ministerio de Función Pública porque no cumplen el objetivo de la citada Directiva de protección del trabajador frente al abuso y su reparación.

Y le recuerdan que todas sus propuestas llevadas a mesa de negociación e incluso llevadas a Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no cumplen con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ya ha advertido a España en repetidas ocasiones su incumplimiento y de la falta de medidas acordes con la normativa europea.

Acusan a Iceta de querer resolver por la vía de urgencia, en unas pocas semanas, un grave problema enquistado en las administraciones públicas que lleva 21 años sin solución en España, por no haberse traspuesto en el Sector Público la Directiva 70 del año 1999 sobre el trabajo de duración determinada, pero que, sin embargo, sí se traspuso al Estatuto de los Trabajadores en el año 2001 y por el que se está detectando el fraude en la contratación en la empresa privada.

El Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a tener lista, antes del mes de julio, la modificación del Estatuto Básico del Empleado público (EBEP) con medidas para disminuir la tasa de temporalidad en el Sector público del 30% actual al 8%, pero también es consciente de que la Comisión tiene abiertos varios procedimientos de infracción contra el Reino de España por este tema y que no liberarán más fondos de ayuda si las medidas propuestas no se ajustan al Derecho Comunitario.

En el borrador, los convocantes de la movilización denuncian que únicamente se hace referencia a la estabilización de plazas, no de personas, mediante procesos selectivos "de estabilización" que valoran un 40% los méritos de años de trabajo si se superan todos los ejercicios del concurso.

Según un informe de UGT Valencia de esta misma semana, la ejecución de estos procesos de las convocatorias de 2017, 2018 y 2019, están dejando en la calle en esta Comunidad, sólo en el primer ejercicio al 85% de los opositores (tanto interinos como de nuevo acceso), debido a la dificultad de los exámenes, por lo que el sindicato está avisando de que la propuesta de los procesos de estabilización para conseguir la disminución de temporalidad es un fracaso y sólo conseguirá incrementar la tasa de paro de larga duración, dejando los servicios públicos en una situación todavía más precaria.

Pero lo más grave, a su juicio, es que la propuesta de procesos de estabilización de Iceta incumple las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 19 de marzo (apartados 97 a 101) y la más reciente de 3 de junio, que rechaza los procesos selectivos para el personal abusado, fuera del plazo de 3 años que ya establecía el artículo 10 y 70 del EBEP, plazo que se ha venido incumpliendo por los gestores públicos y que incluso ha obligado a cambiar la jurisprudencia seguida hasta el momento por el Tribunal Supremo.

Recuerdan los convocantes que las comunidades autónomas pidieron más tiempo a Iceta para estudiar las propuestas planteadas al ser conscientes de que el incumplimiento del Gobierno, con medidas contrarias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo, puede tener como consecuencia sanciones por parte de Europa en forma de multas o de recortes de ayudas que afectarían a sus arcas públicas, además de demandas penales o de responsabilidad patrimonial de los trabajadores afectados y, por otra parte, perderán la experiencia y formación de sus empleados públicos de larga duración.

Los consejeros y directores generales de Función Pública autonómicos han pedido a Iceta que en la modificación del EBEP se introduzca una base jurídica que les permita estabilizar a sus empleados públicos en situación de abuso, más aún cuando la conversión en indefinido mediante procesos restringidos de resultado cierto o la figura del indefinido a extinguir, no supondría ningún coste a sus administraciones y garantizaría el cumplimiento del Derecho de la Unión, prevalente incluso sobre la Constitución Española, tal como establece el TJUE en su sentencia del 11 de febrero de 2021.