Las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) es una alternativa a la que recurren en Castilla y León de forma mayoritaria las chicas de 20 a 24 años. Además, la mayoría de las mujeres de la Comunidad que toma la decisión de abortar tiene trabajo -por cuenta ajena-, vive en pareja y cuenta con estudios avanzados.

Esta es la radiografía que hace un informe de la Dirección General de Salud Pública de Castilla y León de las interrupciones del embarazo en la Comunidad. En conjunto, se notificaron 2.674 en 2019, el último ejercicio con datos, previo a la pandemia del COVID-19, lo que supone un 4,82 por ciento más que en 2018. El mayor número se dio en las provincias de Valladolid y León, que conjuntamente suponen casi la mitad del total.

No obstante, la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo es de siete por cada 1.000 mujeres residentes en Castilla y León en el grupo de 15 a 44 años, lo que la sitúa “muy por debajo”, según Sanidad, de la tasa nacional de 2018 (11,12 por 1.000 mujeres). Además, en la Comunidad las tasas más altas corresponden al grupo de 20 a 24 años, y, especialmente, en Soria en el grupo de 25 a 29 años (14,31 mujeres), seguida de León en el grupo de 20 a 24 años (13,39).

La edad de las mujeres que abortan en Castilla y León se encuentra comprendida entre los 13 y los 49 años, con dos y un caso en esos extremos, respectivamente. Además, cerca del 80 por ciento de las interrupciones se registran en mujeres con edad entre los 20 y 39 años. El mayor número se da a los 24 años con 124 casos, seguido de los 35 con 118, y 21 y 30 años, ambos con 114 casos.

Asimismo, hasta los 24 años predomina la convivencia con padres o familiares, pero a partir de esa edad es superior el número de las que conviven en pareja, que supone la mitad del total. Además, el 51,7 por ciento de las mujeres no tiene hijos a su cargo y casi las tres cuartas partes son nacidas en España (73 por ciento). Del resto, destacan las nacidas en Bulgaria (cuatro por ciento) y Rumanía (3,7 por ciento).

Igualmente, el 30,5 por ciento de las mujeres que abortan en Castilla y León tiene estudios de Bachillerato o Formación Profesional; el 34 por ciento de ESO o equivalentes y el 22,2 por ciento, estudios superiores universitarios. Tan solo, el 0,52 por ciento son analfabetas o no tienen estudios. De hecho, el número de mujeres con estudios superiores aumenta con la edad. Por tanto, a mayor nivel de estudios mayor porcentaje de mujeres con ingresos propios.

Además, el 62,6 por ciento de las mujeres tiene con económicos propios, obtenidos en su mayoría (57,2 por ciento) por trabajo por cuenta ajena. La mitad de las mujeres que carecen de ingresos económicos propios los reciben de familiares (49,25 por ciento) mientras que el 36,84 por ciento los obtienen de su pareja.

Métodos anticonceptivos

Una de cada tres mujeres que realiza una interrupción voluntaria del embarazo no emplea métodos anticonceptivos de forma habitual. Entre las que sí los utilizan, los más frecuentes son los de barrera (62 por ciento) y los hormonales (33,2 por ciento). Además, en el 12,5 por ciento de los casos el motivo es el grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o por riesgo de graves anomalías o anomalías incompatibles con la vida o enfermedad grave del feto, y el resto (87,5 por ciento) son a petición de la mujer.

Además, la mayoría de las mujeres a las que se les realizó un aborto no se habían sometido a otro anteriormente (73,7 por ciento), ni tenían hijos a su cargo (80,7 por ciento). Además, solo para el 7,4 por ciento de las mujeres era al menos la tercera ocasión en que se le realizaba una interrupción del embarazo, mientras que entre las que ya habían abortado, predominan aquéllas que ya tienen hijos a su cargo.

Financiación pública

Más de la mitad de las interrupciones voluntarias del embarazo cuentan con financiación pública en Castilla y León, es decir, el 56,96 por ciento (1.523), frente a las 1.151 realizadas de forma privada, que suponen el 43,03 por ciento. Durante el año 2019, el número de abortos financiados públicamente es mayor en todas las provincias, excepto en León y Palencia. Además, ocho de cada diez se hicieron en la propia Comunidad. Aunque únicamente el 18,7 por ciento se hicieron en centros de otras autonomías, representan el 97,3 por ciento de las de Soria y el 92,6 por ciento de las de Ávila.

Salamanca, Burgos y Zamora son las provincias que presentan un mayor porcentaje de abortos con financiación pública (79,9, 75,6 y 69,9 por ciento respectivamente). Por el contrario, en Palencia y León predominan las de financiación privada, con el 66,7 y el 58,1 por ciento, respectivamente.

El método de intervención principalmente utilizado es el de dilatación y evacuación (71,9 por ciento), seguido por el de dilatación y aspiración (22,2 por ciento). En las practicadas en centros de Castilla y León la dilatación y evacuación es el método más frecuente con el 83,1 por ciento, mientras que en los centros de otras comunidades es el de la dilatación y aspiración con el 78,8 por ciento.

Evolución

En conjunto, se realizaron 2.674 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) a mujeres con residencia en Castilla y León. De ellos, 150 se practicaron a mujeres abulenses, el 5,61 por ciento; 430 a burgalesas, el 16,08 por ciento; 562 a leonesas, el 21,02; 177 a palentinas, el 6,62 por ciento; 204 a salmantinas, el 7,63 por ciento; 199 a segovianas, el 7,44 por ciento; 113 a sorianas, el 4,23 por ciento; 693 a vallisoletanas, el 25,92 por ciento, y 146 a zamoranas, el 5,46 por ciento.

El mayor número de abortos se registró en las provincias de Valladolid y León, que conjuntamente suponen en torno a la mitad del total. Además, tan solo tres, Valladolid, León y Burgos, anotaron dos de cada tres casos. El resto aportan entre el cuatro y el 7,6 por ciento. De nuevo, al igual que en las últimas ediciones, la que presenta menor número de casos es Soria (4,23 por ciento).

En 2019 se han realizado 123 interrupciones del embarazo más que en el año 2018 (4,82 por ciento). Los mayores incrementos se registraron en Segovia (22,1 por ciento) y Salamanca (16,6 por ciento), mientras que descendieron en León (-5,4 por ciento), y Palencia (-3,3 por ciento).

Desde el año 2001, el mayor ‘pico’ se produjo en 2011 con 3.582. A partir de ese año el número descendió progresivamente hasta 2014, ejercicio en que se estabilizaron, con un ligero aumento en 2015 y 2019, hasta la actualidad.