Las administraciones públicas solo adjudicaron en 2020 algo más de un tercio de la licitación de obra pública prevista en 2020 en Castilla y León. Esto significa que se liberaron 747 millones de los 2.186 que el Gobierno, la Junta, las diputaciones, y en menor medida, los ayuntamientos, anunciaron para el total del año, un ejercicio, sin embargo, marcado por el COVID-19 y con un importante parón a partir de marzo.
Del total, tan solo se ofertaron 900 millones y se adjudicaron 747. Esto supone un grado de cumplimiento del 34 por ciento, el menor desde 2008, según el informe anual del Consejo Económico y Social (CES), al que tuvo acceso Ical, basado en los datos de la Cámara de Contratistas. Su presidente, Enrique Pascual, expuso que la baja media de licitación en la Comunidad está en torno al 19 por ciento.
A nivel provincial, las mayores cifras de licitación corresponden a las provincias de León, con 207,3 millones, y a Valladolid, con 150,4 millones de euros. Ambas concentran el 48 por ciento del total regional. La mayor parte se destinó al sector transportes y, en el caso leonés, también a obras hidráulicas, por el importante impulso otorgado a la modernización y nuevos regadíos.
Las menores cantidades en el año 2020 se destinaron a las provincias de Segovia, Ávila y Zamora, con 22,8, 34,7 y 37,2 millones, respectivamente. El resto anotaron cifras diversas: 52,7 millones de euros adjudicados en Burgos, 59,5 en Palencia, 63,2 millones en Soria y 54,8 en Salamanca.
El 39 por ciento de la obra licitada en Castilla y León fue para transportes, el 27 para obras hidráulicas y el 13,4 para equipamiento social.
El sector de la vivienda en Castilla y León parece que ha logrado mantener cierta actividad, a pesar de la situación de la economía autonómica en 2020, sobre todo en lo relativo a las finalizaciones de viviendas libres y a las calificaciones de viviendas protegidas. Así, se muestra un aumento significativo en el número de viviendas libres terminadas, del 14 por ciento. Los resultados son, sin embargo, muy negativos en el caso de las viviendas libres iniciadas, en el que se observa un descenso del 16,6 por ciento.
“Esta cifra es el resultado de la paralización de la actividad y de la incertidumbre de los primeros meses de la pandemia, pero también del elevado ritmo que las viviendas iniciadas han tenido en los últimos cuatro años”, expone el CES. En este sentido, recordó que entre 2016 y 2018 estuvieron creciendo en torno al 20 por ciento anual y en 2019 llegaron al 35 por ciento. A pesar del descenso registrado, en 2020 se iniciaron 4.188 viviendas.
Respecto a la vivienda protegida, el número de calificaciones provisionales y definitivas fue de 276, lo que supone un incremento del 70,4 por ciento en el caso de la provisionales, y aún mayor en el de las definitivas, si se tiene en cuenta que en 2019 no hubo ninguna calificación definitiva en Castilla y León.
Llamada de atención
Pascual señala que las administraciones públicas, en los anexos de sus presupuestos, “siempre hablan de inversiones reales”, pero la cifra de previsión siempre arrastra un “decalaje” en relación a la ofertada y la adjudicada. “Y en un año con el COVID, pues es mayor. La licitación es lo que realmente se licitó y la Administración saca a concurso”, detalla.
Al respecto, llama la atención a las propias administraciones porque “deberían poner más cuidado” cuando elaboran las cifras, “porque es muchísima la diferencia entre lo que prevén y lo que se adjudica”. “En términos políticos nos dan la visión de que cada obra se realizará, que estará todo bien, que habrá trabajo…, pero en vez de centrarse en la cifra real pasan al año siguiente”, afeó. En este sentido, consideró que es una “mala práctica”, pero apeló a la experiencia de las empresas del sector para compensar ese decalaje. Antiguamente, concluyó, las cifras se asemejaban más entre lo que se anunciaba y lo que se construía.