Así lo señala el comunicado remitido a Ical, por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que denuncia que solo 900.000 personas han recibido ayudas de emergencia social de las entidades locales, "exiguas y atrapadas en la burocracia", cuando en España existen 3,3 millones de personas que "sufren graves carencias materiales" por no poder permitirse una comida de carne o pescado cada dos días, no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, tener retrasos en el pago de la vivienda, no poder permitirse un móvil o un televisor, o no poder pasar una semana de vacaciones fuera de casa.

El gasto total en estas ayudas de urgencia en Castilla y León, no obstante, está lejos de los primeros puestos del país, que ocupan Andalucía (39,1 millones), Cataluña (33,9 millones) o la Comunidad Valenciana (29,5 millones), al destinar la Comunidad castellana y leonesa un total de 6.914.249 euros al gasto en ayudas de urgencia, lo que sitúa el dinero destinado por habitante al año en 2,89 euros, por debajo de los 3,86 que indica la media nacional y lejos de los 9,66 euros que se dedican en el Principado de Asturias.

Por el contrario, el gasto en ayudas de urgencia destinado por habitante en situación de pobreza sí sitúa a Castilla y León entre las primeras comunidades del Estado, ya que con sus 21,55 euros, solo se encuentra por detrás de Asturias (45,14), Cantabria (31,99), Cataluña (27,77) y la Comunidad Valenciana (26,28), pero en todo caso por encima de la media nacional, que se sitúa en 18,18 euros por habitante en situación de pobreza.

Tasa de pobreza, de las más bajas de España

La tasa de riesgo de pobreza en Castilla y León es de las más bajas de España, al situarse en un 13,4 por ciento, solo por encima del País Vasco (9 por ciento) y Navarra (9,6 por ciento), al existir en la Comunidad castellano y leonesa 320.919 personas en riesgo de pobreza. No obstante, de todos ellos solo 30.007 son perceptores de la renta mínima, a los que se destinan esos 6,9 millones de euros de gasto en ayudas de urgencia que sitúa el ratio en 648,31 euros de media por prestación, colocando a Castilla y León en el primer puesto en esta variable en España.

No obstante, y debido a la "angustiosa situación de las personas y familias gravemente afectadas por la actual crisis económica" consecuencia de la pandemia de COVID, desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales proponen al Gobierno modificar la norma para que las intervenciones municipales relativas a la ejecución de ayudas de urgente necesidad queden exceptuadas de la Ley General de Subvenciones y sean incluidas en las Ayudas de Emergencia Social "sea cual sea la causa y sus efectos".

También solicitan que la Intervención General de la Administración del Estado envíe una instrucción a los interventores municipales con el objetivo de que "agilicen las ayudas económicas de urgencia" a los habitantes del conjunto del país que las necesiten.