C. Tabernero / ICAL
Las autorizaciones ambientales concedidas en Castilla y León durante el año 2020 se redujeron más de la mitad con respecto al año precedente, y marcaron el mínimo del último lustro con 27, frente al máximo de 59 autorizaciones tramitadas en el año 2016 y las 56 de 2019, las 48 de 2018 y las 40 de 2017, que hasta ahora marcaba el mínimo de los últimos años.
De hecho, las 27 autorizaciones concedidas en 2020 suponen el número más bajo desde las también 27 tramitadas en 2013 y solo superan las 25 de 2012 en la relación de autorizaciones ambientales concedidas en los últimos 15 años, tal y como muestra la tabla de datos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, a la que ha tenido acceso Ical.
La mayoría de estas autorizaciones ambientales tramitadas se refirieron a instalaciones ganaderas de aves y porcino, que supusieron el 81,5 por ciento de las tramitaciones con 22 de las 27 totales. En segundo lugar, con el 11 por ciento, se situaron las instalaciones para la gestión de residuos, mientras que también se tramitaron favorablemente autorizaciones ambientales para una instalación dedicada a la fabricación de productos químicos inorgánicos y para una infraestructura destinada a la fabricación de productos alimenticios o piensos.
Por provincias, todas disminuyeron en cuanto al número de autorizaciones ambientales tramitadas salvo dos: León, que aumentó un 50 por ciento al pasar de las cuatro tramitaciones realizadas en 2019 a las seis del pasado año; y Soria, que con las ocho autorizaciones concedidas en 2020 mantuvo el número con respecto a 2019 y, además, se situó como la provincia con mayor número de autorizaciones ambientales de la Comunidad.
En todos los demás territorios de Castilla y León, las autorizaciones ambientales tramitadas cayeron, hasta el punto de que en Ávila y Palencia no se concedió ninguna, por las cinco y tres del año anterior, y en Burgos, Valladolid y Zamora solo una frente a las siete, ocho y tres tramitaciones realizadas en 2019. En Salamanca las autorizaciones cayeron un 50 por ciento al pasar de diez a cinco y en Segovia el descenso fue más moderado al concederse cinco autorizaciones por las ocho del ejercicio anterior.
También disminuyeron en 2020 las inspecciones ambientales realizadas a las actividades e instalaciones sujetas a autorización ambiental de la Comunidad, tal y como refleja el último informe anual del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, puesto que de las 114 de 2019 se pasó a las 73 realizadas el pasado año, un 36 por ciento menos. La principal causa fue la importante caída en el número de este tipo de inspecciones realizadas por los servicios territoriales de Medio Ambiente de la Junta en cada provincia, debido a las restricciones COVID, que cayeron más de un 58 por ciento desde las 74 de 2019 a las 31 de 2020, siendo Salamanca la única que registró un aumento de tres a diez.
Por el contrario, las inspecciones ambientales realizadas por los servicios centrales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León aumentaron un cinco por ciento, pasando de las 40 llevadas a cabo en 2019 a las 42 de 2020, con incrementos importantes en Burgos (de 7 a 12) y Segovia (de 3 a 11) y solo dos provincias donde se registraron menos actividades de este tipo desde los servicios centrales de la Junta: Valladolid, donde se pasó de diez inspecciones en 2019 a solo dos el pasado año; y Palencia, que de las cinco de 2019 pasó a las dos de 2020.
Por último, y en relación a las declaraciones de impacto ambiental (DIA), el total de las realizadas en la Comunidad también disminuyó un 36 por ciento y de las 89 llevadas a cabo en 2019, se acabó pasando a las 57 elaboradas en 2020. Eso sí, nuevamente la caída vino marcada por las DIA realizadas en las delegaciones territoriales, que bajaron un 57 por ciento desde las 70 de 2019 a las 30 de 2020. Por el contrario, las declaraciones elaboradas por la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente sí aumentaron nada menos que un 42 por ciento al pasar de 19 a 27.
Así, todas las provincias crecieron o se mantuvieron en el número de DIA realizadas por la Consejería salvo dos: León, que pasó de cuatro a tres, y Valladolid, que con las dos llevadas a cabo en 2020 rebajó su número un 66 por ciento con respecto a las seis del año anterior. Salamanca (3), Segovia (1) y Zamora (1) no experimentaron cambios y Ávila (de uno a cuatro), Burgos (de uno a tres), Palencia (de uno a cuatro) y Soria (de dos a seis) aumentaron sus DIA.
El panorama contrario se observa al cotejar la diferencia entre las declaraciones de impacto ambiental realizadas por las delegaciones territoriales de cada provincia entre 2019 y 2020. Todas las provincias redujeron su número salvo Burgos, que mantuvo en 2020 las seis realizadas en 2019. Entre las demás, Ávila pasó de seis a uno, León de siete a tres, Palencia de tres a cero, Salamanca de once a cuatro, Segovia de siete a dos, Soria de nueve a siete, Valladolid de 14 a tres y Zamora de siete a cuatro.
Crisis COVID y falta de personal
El descenso en el número de autorizaciones ambientales concedidas por el Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a lo largo de 2020 se explica por dos factores. Por un lado, debido al “descenso de la actividad económica”, ya que aunque “la actividad industrial y ganadera no se vio muy paralizada” por el confinamiento decretado para frenar la expansión del COVID en marzo de 2020, sí lo estuvieron las empresas de consultoría y asistencia técnica que presentan estos expedientes para su tramitación, tal y como explica a Ical el jefe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Jaime Fernández.
Esa “ralentización” en las oficinas se notó a pesar de que “la actividad ganadera e industrial paró poco”, como también hizo mella “la incertidumbre por la situación de la pandemia” que hizo que, en algunos casos, se detrajese la presentación de expedientes sobre “determinadas situaciones que se fueran a ejecutar”.
El otro gran motivo del descenso de autorizaciones concedidas se deriva de las “progresivas jubilaciones” en el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático sin que existan sustituciones por parte de la Administración, por lo que se van “perdiendo puestos de trabajo” que provocan una “escasez de personal” en todo el área de Calidad Ambiental.
De hecho, frente a los 21 expedientes en cartera que existían a 31 de diciembre de 2019, un año después el número aumentó a 25 a pesar de la disminución en la presentación de los expedientes “de todo tipo” que entraron en el servicio, al pasar de los 484 registrados en 2019 a los 438 iniciados en 2020.
El jefe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Junta apunta también un tercer factor que afecta en exclusiva a la presentación de expedientes de instalaciones avícolas y porcinas para su autorización medioambiental, y es el “miedo al rechazo social” de sus promotores por el “problema de las denominadas macrogranjas” así como la supuesta contaminación por nitratos que estas generan, que Jaime Fernández desmiente tajantemente: “Tenemos zonas en Castilla y León contaminadas con nitratos donde la densidad ganadera es bajísima o inexistente, así que no hay relación”.
No obstante, el propio Fernández reconoce que “ha sido terminar la pandemia e incrementarse” la petición de autorizaciones ambientales para la instalación de granjas de aves y porcino, con 31 expedientes registrados hasta el momento, pendientes de la autorización ambiental, en lo que va de 2021. Una situación que afecta al conjunto tanto de de proyectos presentados para la concesión de autorización ambiental en el presente año como de los concedidos, que ya suponen 21 en los primeros ocho meses de 2021 y que podrían superar los 27 del pasado año antes de que llegue el 31 de diciembre del presente ejercicio.