Las fuerzas y cuerpos de seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d’ Esquadra y los distintos cuerpos de policía local) registraron en 2020 287.963 hechos presuntamente delictivos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que supone un incremento del 31,9 por ciento con respecto a 2019 en el conjunto del país.
De esta cifra global, el 5,3%, 15.457 ciberdelitos, se registraron en Castilla y León, lo que sitúa a la Comunidad Autónoma en el sexto puesto entre las más afectadas, después de Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco.
El número de ciberdelitos en la región crece casi un 41% con respecto al dato del año anterior, cuando se denunciaron 10.964 casos.
De los 15.457, la práctica totalidad, (89,5%), 13.841 ciberdelitos, son fraudes informáticos, seguidos a mucha distancia por las amenazas y coacciones, que fueron 772 en 2020 (leve descenso del dato de 2019, cuando fueron 806), y falsificaciones informáticas (362), que crecen exponencialmente desde 2011.
Los datos contabilizados en esta última década confirman que la ciberdelincuencia es un fenómeno en crecimiento y que aumenta progresivamente su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad. En aquel año el número de delitos de este tipo apenas alcanzaban los 2.000 en la Comunidad.
Las cifras están recogidas en el VIII Informe sobre Cibercriminalidad elaborado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y pueden consultarse en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.
A nivel nacional, en línea con lo sucedido en Castilla y León, del total de ciberdelitos conocidos, el 89,6 por ciento (257.907) fueron fraudes informáticos (estafas). A mucha distancia le siguieron las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet (14.066 casos), que representan un 4,9 por ciento.
PERFIL DE LOS DELINCUENTES Y ÁMBITOS GEOGRÁFICOS
El informe señala que el perfil del ciberdelincuente es un hombre (73,3% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española, presuntamente implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales.
Desde el punto de vista geográfico, la distribución de la ciberdelincuencia sitúa a Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana entre las comunidades autónomas que concentran más infracciones penales.
Tras ellas, aparecen País Vasco, Castilla y León, Galicia, Canarias, Baleares y Castilla – La Mancha en el décimo lugar. A la cola del listado por número de delitos registrados se sitúan La Rioja, Cantabria, Navarra, Extremadura y las ciudades autónomas.
Resulta llamativo que Castilla y León, encontrándose habitualmente en esos últimos puestos en lo que a criminalidad se refiere, se sitúe en cabeza de la tabla al tratarse de denuncias relacionadas con la cibercriminalidad.
A lo largo del año 2020, se reportaron también 861 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas en nuestro país, un 5,2 por ciento más respecto al año anterior, de acuerdo con la información registrada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE). Por ámbitos, el mayor número de incidentes afectó a los sectores tributario y financiero (52,5%), seguido del transporte (24,08%) y la energía (14,05%).
Este VIII Informe sobre Cibercriminalidad recoge información de todos los cuerpos policiales del territorio nacional, tanto en los hechos conocidos como en detenciones e investigados, motivo que ha permitido reconstruir y actualizar la serie histórica desde el año 2016.
PLAN ESTRATÉGICO CONTRA LA CIBERCRIMINALIDAD
El incremento progresivo de los delitos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones impulsó este año la creación del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, con el objetivo de potenciar las capacidades para combatir esta modalidad delictiva. Aprobado por el Comité Ejecutivo de Coordinación (CECO) del Ministerio del Interior el pasado 18 de febrero, el plan dotó al departamento de los recursos necesarios para hacer frente a la ciberdelincuencia en cinco áreas: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.
En el diseño del plan, dirigido por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), participaron responsables, especialistas, autoridades y expertos de Policía Nacional y Guardia Civil, policías autonómicas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo General de la Abogacía Española, CCN-CERT e INCIBE-CERT, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), así como de la universidad, de la banca y otras instituciones privadas.