El año pasado, 310 personas otorgaron en Castilla y León un poder en previsión de una futura situación en la que no pudieran decidir por sí mismas. La demanda por la ciudadanía de este tipo de poder aumentó en un 26% en los últimos tres años, de 2019 a 2021, frente al 31% registrado en el conjunto del España.

Este interés creciente por anticiparse a una situación de incapacidad podría explicarse, cuando menos en parte, por el fuerte envejecimiento de la población castellana y leonesa, que con 211 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, es la tercera comunidad autónoma con mayor índice de envejecimiento, por detrás de Asturias y Galicia.

El poder preventivo es un documento público autorizado por un notario que permite a una persona designar a otra u otras para que representen sus intereses en caso de que ya no pudiera decidir por sí misma. De este modo, se evitaría el proceso judicial de provisión de apoyos. Esta fórmula es cada vez más demandada por los ciudadanos, que acuden a las notarías para asegurar que su voluntad prevalecerá en el futuro. A excepción de 2020, cuando por la pandemia descendió su otorgamiento, estos poderes vienen mostrando un crecimiento sostenido en los últimos años en Castilla y León.

El decano del Colegio Notarial de Castilla y León, Leopoldo Martínez de Salinas, subraya que según avanza el envejecimiento de la sociedad “crece la preocupación por cómo organizar la vida para ese momento”.

El notario apunta que el aumento de la cultura jurídica y la disponibilidad de medios “que en ocasiones ya existían, pero que se han ido modernizando, explica que poco a poco vayan siendo cada vez más utilizados, como es el caso de los poderes preventivos. Todo responde –concluye- a la necesidad de prever nuestra vida para los años en que tendremos menos fuerzas y, tal vez, más necesidades”.