Pese a la pandemia, la población castellana y leonesa volvió a respirar aire insalubre en 2021

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 45 situadas en Castilla y León. Entre sus principales conclusiones, destacan que durante 2021 la calidad del aire en España y Castilla y León ha mantenido la mejora sustancial ya observada durante 2020, con una reducción notable de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y ozono troposférico, y más matizada de los de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), en sus mínimos de la última década.

Este informe toma como referencia los nuevos valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea. De acuerdo con esos niveles, el aire contaminado afectó en 2021 a toda la población, y a tres cuartas partes del territorio castellano y leonés en la Meseta de Castilla y León y la zona sur y este de Castilla y León.

Si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las recomendaciones de la OMS, 243.000 personas (el 10 % de la población) viven en la única zona donde alguna estación de medición superó los límites legales de ozono (Montaña Sur de Castilla y León). La estación El Maíllo, en la zona sur y este de Castilla y León, superó el objetivo legal para la protección de la vegetación establecido para el ozono.

La estabilidad atmosférica primaveral activó los episodios de contaminación por partículas, en su mayor parte procedentes del norte de África. El invierno en cambio resultó inestable y húmedo, favoreciendo la dispersión y deposición de los contaminantes típicos de esta estación (NO2 y partículas). El relativamente moderado calor estival contribuyó al descenso del ozono, pese a la intensa ola de calor de mediados de agosto. 

Los factores esenciales para explicar la mejoría de la calidad del aire durante 2021 son la restricción general de la movilidad y la contracción económica derivadas de las medidas adoptadas para combatir la COVID-19, con la dramática situación sanitaria y social que hemos vivido en los dos últimos años. El cierre de las centrales térmicas de carbón del norte de León y Palencia también ha contribuido a la disminución de las emisiones.

El ozono es el contaminante que presentó un año más una mayor extensión y afección a la población. Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la mayoría de la población castellana y leonesa. Todas las estaciones urbanas de Castilla y León excedieron las nuevas recomendaciones de la OMS para el NO2.

La contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer orden, afirma en un comunicado Ecologistas en Acción. Cada año se registran hasta 30.000 muertes prematuras en España por afecciones derivadas de la contaminación del aire, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Según el Instituto de Salud Carlos III, 10.000 de ellas fallecen en episodios de alta contaminación. La mejora de la situación en 2021 es en este sentido una excelente noticia.

Los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación atmosférica representan 50.000 millones de dólares al año, un 3,5% del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en muchos casos no existen, y en otros son inefectivos por falta de voluntad política, critica el colectivo ecologista. "La Junta de Castilla y León ha aprobado un plan de lucha contra el ozono único para toda la Comunidad, que carece de medidas detalladas, programadas y presupuestadas", lamentan.

Entre las medidas destacadas por Ecologistas en Acción destacan que "la única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público limpio". También consideran necesario promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de combustibles fósiles, penalizar el diésel, reducir el uso del avión y una moratoria de las nuevas macrogranjas ganaderas.

La Ley de Cambio Climático obliga a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones antes de 2023. Sin embargo, "las ciudades de Castilla y León no están declarando estas zonas, pese a los abundantes fondos públicos que están recibiendo para su implantación", afirman.

La crisis sanitaria de la COVID–19 ha demostrado que la reducción del tráfico tiene claros efectos en la mejora de la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales. No obstante, "el repunte en los últimos meses de la contaminación del aire en las grandes ciudades es un indicio preocupante de que no hemos aprendido lo suficiente".