La Junta de Castilla y León ha anunciado este sábado que estudia recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJCyL que anula el plan de mejora de la calidad del aire por ozono troposférico en Castilla y León a petición de Ecologistas en Acción, según informaron a Ical fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

En concreto, Medio Ambiente considera que la sentencia que estima el recurso de la organización ecologista se basa en un criterio “técnico” sobre la conveniencia de contar con un instrumento para toda la Comunidad o con varios zonales, por el que se inclina el TSJCyL en su reciente fallo, en el que además da seis meses a la Junta para elaborar uno nuevo.

“Desde el respeto absoluto a la decisión judicial, no se comparte su contenido dado que la Junta considera que no es coherente con el objetivo de protección de la salud humana y toma una decisión técnica que se considera no conforme con lo que dicta el criterio técnico toda vez que el problema del ozono mayoritariamente no se corresponde, de acuerdo con todos los datos de los que disponemos y con los últimos estudios realizados, con emisiones de contaminantes a la atmósfera en la región, sino que proviene de otras regiones o países y por ello afecta de una forma más o menos uniforme a todo el territorio”, manifestaron desde el departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones. 

La Consejería explicó que la sentencia considera que se deberían haber hecho planes por cada una de las zonas donde se ha superado en el pasado el valor objetivo de protección de la salud de acuerdo con la normativa nacional menos restrictiva. Sin embargo, Medio Ambiente argumenta que la contaminación por ozono es un problema que atañe a toda la Comunidad al superarse en toda ella los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También, indicó que las superaciones se refieren a seis zonas atmosféricas por ozono de Castilla y León: Duero Sur, Duero Norte, Montañas de sur, Soria-Demanda, Valle del Tiétar y el Alberche y Aglomeración de Valladolid, cuya última superación fue en 2013, 2015,2017 y 2020 respectivamente. 

Además, Medio Ambiente manifestó que en los dos últimos años, incluido el actual, no ha habido superación de este valor objetivo de protección a la salud humana. A su juicio, la tendencia de este contaminante es “una progresiva reducción de los valores más elevados de sus registros mientras que la media anual se está incrementando ligeramente”.

Finalmente, la Consejería expuso que las medidas frente a este tipo de contaminación son fundamentalmente de reducción de emisiones y acciones de información a la población, que en su opinión “no deben diferir significativamente de una zona a otra”. Por ello, entiende que los planes zonales que reclama el TSJ incluirían medidas “semejantes” a las establecidas en el Plan anulado, pero “con un retraso en su aplicación”.