La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige a la Consejería de Sanidad que, en un plazo de 48 horas, "proceda a dar las órdenes necesarias" para que se realice a todos los empleados públicos dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León el test que detecta si están contagiados por el COVID-19.

Así lo reclama el presidente del sector de Sanidad de CSIF en Castilla y León, Juan Carlos Gutiérrez-Rodilla, en un escrito emitido ayer viernes a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, "ante la grave situación" por la que pasa todo el personal de Sacyl, "en cuanto a su salud personal, la de sus familias, la de sus compañeros, la de los pacientes a quienes atienden y la de los familiares de estos".

Gutiérrez-Rodilla lamenta la "inoperancia en la previsión, y la negativa posterior" por parte de la Consejería de Sanidad, a realizar el test a los trabajadores de Sacyl, tanto los sanitarios como los no sanitarios, "ya que todos están en la primera línea de la lucha contra el Covid 19 y con evidentes riesgos de contagio".

El objetivo es "que aquellos profesionales que estén infectados sean dados de baja de manera inmediata para pasar en sus domicilios, si su situación médica lo permite, el obligado proceso de cuarentena".

Asimismo, "permitirá a aquellos otros profesionales que estén sanos, pero en cuarentena, por no saber si padecen la infección, incorporarse a su puesto de trabajo, ya que el personal en los centros hospitalarios y de salud es muy escaso", se dice en el escrito remitido a la consejera de Sanidad.

El responsable del sector de Sanidad de CSIF advierte de la "gravedad" de la situación, que lo evidencia la existencia -según los datos del día 26- de 1.642 trabajadores sanitarios de la Comunidad aislados por tener síntomas compatibles con el coronavirus, de los cuales 635 han dado positivos, sin que el test se haya hecho a todos.

El parte de positivos según las zonas de salud de la Comunidad queda así: León 99, Salamanca 94, Soria 84, Segovia 78, Ávila 73, Valladolid Este 66, Burgos 55, Valladolid Oeste y Zamora 26, Palencia 21 y Ponferrada 13.

Gutiérrez-Rodilla se pregunta "qué pasará con el resto del personal de Sacyl", por lo que recalca la urgencia de hacer el test del coronavirus, asegurando que es la propia Sacyl la más interesada en conocer la realidad de la salud de sus trabajadores, que son los que tienen que cuidar al resto de la sociedad.

En el escrito se apela al Delito de Peligro, plasmado en el artículo 316 del Código Penal, que señala: "Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses".

CSIF considera que esas 48 horas es un tiempo "realista para que se puedan hacer los test, teniendo en cuenta además que la situación así lo requiere, y los responsables, por tanto, deben actuar. El test es una demanda clamorosa de todos los trabajadores sanitarios".