El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha desvelado hoy que el Ministerio de Sanidad exige a Castilla y León para iniciar la desescalada 2.000 camas más de UCIs de las que tiene actualmente, incluso con las UCIs extendidas, "y eso que en ningún caso han faltado camas en Castilla". Igea denuncia así que "los números ni siquiera se corresponden con la realidad". "Con este documento en Castilla y León ninguna provincia pasaría a Fase 1 nunca, nunca. Y esto parece poco razonable, cuando incluso en lo peor de la crisis nunca hemos estado por encima del 70% de ocupación. Por tanto, vamos a pedir que se replantee este criterio", ha anunciado el portavoz.
Francisco Igea denuncia que en la propuesta de desescalada del Gobierno ayer "no hay ningún requisito epidemiológico para pasar de una fase a otra. Lo que nosotros pedíamos es que el Gobierno ejerza la autoridad que le da el estado de alarma, y que cuando se dé un escenario en el que hay incremento de casos sin contacto epidemiológico conocido, cuando las tasas de incidencia crecen de manera continuada, en definitiva, que, si volvemos al escenario en el que pedíamos la declaración del estado de alarma, el estado actúe y tome las medidas necesarias". Y es que en el documento entregado a las CCAA sólo se piden requisitos de respuesta sanitaria que, como acabamos de decir, exige a Castilla y León 2.000 camas de UCIS más.
El vicepresidente ha avanzado que la propuesta de Castilla y León se basa en una estrategia de desescaladas por zonas básicas de salud, "porque creemos que se debe hacer una escalada gradual, progresiva y segura. Todos queremos salir e iniciar la actividad lo antes posible, pero seguro que todos queremos también que no vuelva a suceder lo que sucedió". Castilla y León tiene de plazo hasta el día 6 de mayo, y ha seleccionado un total de 26 zonas básicas de salud para iniciar la desescalada, donde no se han registrado casos nuevos en los últimos 7 días, que abarcan a 53.000 habitantes de todas las provincias excepto Segovia.
El vicepresidente Francisco Igea ha avanzado hoy en rueda de prensa los principales aspectos de la propuesta que Castilla y León va a plantear formalmente al Gobierno de España, de acuerdo a las propias indicaciones recogidas en la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad. El planteamiento de Castilla y León supone ventajas como la delimitación sanitaria, la implicación social, el compromiso municipal y el control de la movilidad. Con los datos actuales, 26 zonas básicas de salud de Castilla y León no han registrados nuevos casos en los últimos 7 días.
La Junta de Castilla y León ultima el documento de estrategia de desescalada para la Comunidad que va a remitir al Gobierno de España, tomando en consideración los principales indicadores disponibles y el conocimiento aportado por expertos en el ámbito epidemiológico, sanitario, social y económico, y en consonancia con lo establecido en el denominado “Plan para la transición hacia una nueva normalidad” del Gobierno de España. El vicepresidente Francisco Igea ha destacado los principales aspectos de la propuesta de Castilla y León, en la que se plantea una desescalada gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y el contacto social adoptadas hasta la fecha y facilitar una recuperación, lo más rápida posible, de la actividad social y económica.
Una decisión fundamentada que beneficiaría al medio rural de Castilla y León
La Junta de Castilla y León sostiene que la desescalada del confinamiento de la población debe hacerse, en nuestra Comunidad, sobre la base de los datos y la respectiva evolución que se registra en las zonas básicas de salud, al menos en lo referido al medio rural. En concreto, 26 zonas básicas de salud, que aglutinan una población –tarjetas sanitarias- que supera las 53.500 personas. Cabe recordar que la orden ministerial citada, publicada este domingo en el Boletín Oficial del Estado, establece en su artículo 5.2. que “de manera motivada, podrán establecerse ámbitos de aplicación diferenciados en unidades de nivel territorial distinto”.
En estos momentos, existen 26 zonas básicas de salud de Castilla y León que cumplen el criterio de no haber registrado casos en los siete días anteriores, con una población conjunta de 53.509 habitantes (tarjetas sanitarias individuales). Y de ese total de 26, 13 zonas básicas de salud llevan contabilizadas ya dos semanas sin casos. Conviene precisar que la ausencia de casos en las 26 Zonas Básicas de Salud en la última semana se refiere tanto al diagnóstico de sospecha recogido en la historia clínica de Atención Primaria, como por confirmación por test de serología o prueba de PCR, en la última semana. Por tanto, todas estas Zonas Básicas son candidatas a su inclusión en la siguiente fase de desescalada, en caso de mantener esta situación de 0 casos a lo largo de la siguiente semana.
Principios claros: prudencia, reescalado, ámbito territorial y control de movilidad
Los principios básicos para la desescalada en Castilla y León en los que se sustenta la argumentación del Ejecutivo autonómico son: la prudencia, el reescalado, el ámbito territorial y el control de la movilidad. La propuesta que se va a remitir al Gobierno de España parte de una consideración y una apelación general a la prudencia, en tanto que no se pueden dar pasos en falso debido a que las capacidades sanitarias aún se encuentran en estado de saturación. Algunos datos así lo acreditan: las camas de UVI están al 103 % de su dotación original y al 47 % de su dotación extendida; y la ocupación en planta está ya por debajo del 60 % de su capacidad original.
En el documento también se precisa que todas las medidas de desescalada podrán ser reversibles, en un plazo corto de tiempo, si la evolución no fuese la deseada. En este contexto, se considera esencial la atribución de competencias claras a las comunidades autónomas para adoptar medidas ágiles tanto de desescalada como de reescalada en caso necesario, sin menoscabo de la coordinación y revisión que se ejerza a nivel estatal. La Junta de Castilla y León incide en que no se pueden repetir errores y es necesario contar con un sistema de toma de decisiones lo suficientemente ágil y pegado al terreno para evitar demoras con consecuencias dramáticas como las ya conocidas, algo que resulta obligatorio dado el altísimo ritmo reproductivo de esta infección.
De un modo concreto, este Gobierno autonómico plantea valorar la necesidad de reescalado de algunas de las medidas, en función de circunstancias como el incremento del número de casos sospechosos y/o confirmados, en particular si existe sospecha de su transmisión comunitaria dentro de la zona básica de salud.
La Junta de Castilla y León también quiere precisar que los requisitos de camas que se solicitan no se corresponden con la realidad, dado que se exige una disponibilidad muy superior a las que se cuenta actualmente incluso extendidas, lo que impediría salir de la Fase 0.
Ventajas: delimitación sanitaria, implicaicón social, compromiso municipal y control de movilidad
La argumentación de que la zona básica de salud sea el ámbito geográfico de referencia no implica que se apliquen otros criterios de sectorialización dentro de la zona. El vicepresidente Francisco Igea ha expuesto que el criterio inicial propuesto para pasar a la siguiente fase de desescalada es el de cero casos en los 14 días anteriores en la Zona Básica de Salud. Este planteamiento de Castilla y León para la desescalada supone como ventajas la delimitación sanitaria, la implicación social, el compromiso municipal y el control de la movilidad.
De un modo más detallado, debe considerarse que la Zona Básica de Salud, como ámbito territorial de Atención Primaria atendido por un centro de salud, permite una vigilancia más efectiva y unificada de la incidencia de casos así como un mejor control de estos y de sus contactos. Al tiempo, se valora que en un entorno poblacional reducido -como lo es el correspondiente a la Zona Básica de Salud- se facilita una mayor concienciación e implicación local para fomentar y mantener ese estatus de “zona en fase más avanzada”. El compromiso municipal también constituye una ventaja, pues el desescalado zona a zona provoca un ejercicio de competencia y corresponsabilidad que es ideal en estas circunstancias; con ello también se favorece la implicación de las autoridades municipales en aspectos básicos como son el mantenimiento de las medidas de higiene y aislamiento en el municipio y su colaboración en el control de la movilidad y de la trazabilidad de los casos. Y por último, en relación con el control de la movilidad, el territorio que abarca una zona básica de salud puede ser más fácilmente controlado en cuanto a su movilidad, vías de comunicación, etc.
Indicadores determinantes y ámbitos semiurbanos y urbanos
La estrategia elaborada por la Junta de Castilla y León no obvia que tales planteamientos deben entenderse sin perjuicio de la valoración de indicadores provinciales o de área de salud, por ser el territorio de referencia de la atención hospitalaria y de recursos de consideración imprescindible para afrontar la desescalada: ejemplo de ello serían la dotación y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. En consecuencia, se trataría de una condición sine qua non que podría suponer que no todas las zonas básicas de salud con cero casos avancen de manera automática en el proceso de desescalada.
Si bien el documento es extenso para argumentar por qué la desescalada del confinamiento debe valorarse por zonas básicas de salud, que en el caso de Castilla y León beneficiaría ya al medio rural de la Comunidad como fruto de los datos actuales, el documento también contempla consideraciones respecto a los ámbitos semiurbanos y urbanos. Así, se indica que resulta más difícil la segmentación geográfica por zonas básicas de salud dentro de los municipios. Y se añade que es previsible que el desconfinamiento en estos ámbitos sea posterior al de muchas zonas rurales. Para estos municipios, que superan los 20.000 habitantes, la demarcación territorial sería el propio municipio o el área de salud, con segmentación sectorial y demográfica en función de la población de riesgo.