Finalmente serán 39, y no 26 como inicialmente se había propuesto, las zonas básicas de salud que pasarán a Fase 1 a propuesta de la Junta de Castilla y León ha propuesto al Ministerio de Sanidad, que aglutinan una población –tarjetas sanitarias- que supera los 78.000 habitantes, en vez de optar, como otras CCAA por iniciar la desescalada por provincias. El Gobierno regional ha abogado por la prudencia y comenzar por aquellas zonas que cumplen el criterio de no haber registrado casos en los siete días anteriores. 

Las zonas son las siguientes:

El listado facilitado por la Consejería es el siguiente:



Gerencia de Ávila



MOMBELTRAN 2.461



MUÑICO 930



SAN PEDRO ARROYO 1.969



Gerencia de Burgos



ESPINOSA MONTEROS 2.671



HUERTA DE REY 1.336



MELGAR FERNAMENTAL 2.784



PAMPLIEGA 1.899



QUINTANAR SIERRA 3.159



SEDANO 441



VALLE DE LOSA 549



VALLE DE MENA 3.693



VALLE TOBALINA 974



VALLE VALDEBEZANA 919



Gerencia de León



MATALLANA DE TORIO 1.380



RIAÑO 1.194



TRUCHAS 994



Gerencia de Palencia



TORQUEMADA 1.852



Gerencia de Salamanca



ALDEADAVILA RIBERA 2.568



CALZADA VALDUNCIEL 2.133



CANTALAPIEDRA 1.842



FUENTES DE OÑORO 2.025



LUMBRALES 3.294



MATILLA CAÑOS 1.823



MIRANDA DEL CASTAÑAR 1.694



ROBLEDA 1.643



Gerencia de Segovia



SEPULVEDA 2.868



Gerencia de Soria



PEDRO MANRIQUE 916



Gerencia de Valladolid Este



ALAEJOS 2.752



ESGUEVILLAS 1.317



Gerencia de Valladolid Oeste



MAYORGA DE CAMPOS 2.621



MOTA DEL MARQUES 1.879



VILLAFRECHOS 2.159



VILLALON DE CAMPOS 2.264



Gerencia de Zamora



ALCAÑICES 4.604



ALTA SANABRIA 521



CARBAJALES DE ALBA 1.121



SANTIBAÑEZ VIDRIAL 1.850



TABARA 3.358



VILLALPANDO 3.578



TOTAL 39 ZONAS: POBLACIÓN 78.035



Principios claros: prudencia, reescalado, ámbito territorial y control de movilidad



Los principios básicos para la desescalada en Castilla y León en los que se sustenta la argumentación del Ejecutivo autonómico son: la prudencia, el reescalado, el ámbito territorial y el control de la movilidad. La propuesta que se va a remitir al Gobierno de España parte de una consideración y una apelación general a la prudencia, en tanto que no se pueden dar pasos en falso debido a que las capacidades sanitarias aún se encuentran en estado de saturación. Algunos datos así lo acreditan: las camas de UVI están al 103 % de su dotación original y al 47 % de su dotación extendida; y la ocupación en planta está ya por debajo del 60 % de su capacidad original.

En el documento también se precisa que todas las medidas de desescalada podrán ser reversibles, en un plazo corto de tiempo, si la evolución no fuese la deseada. En este contexto, se considera esencial la atribución de competencias claras a las comunidades autónomas  para adoptar medidas ágiles tanto de desescalada como de reescalada en caso necesario, sin menoscabo de la coordinación y revisión que se ejerza a nivel estatal. La Junta de Castilla y León incide en que no se pueden repetir errores y es necesario contar con un sistema de toma de decisiones lo suficientemente ágil y pegado al terreno para evitar demoras con consecuencias dramáticas como las ya conocidas, algo que resulta obligatorio dado el altísimo ritmo reproductivo de esta infección.

De un modo concreto, este Gobierno autonómico plantea valorar la necesidad de reescalado de algunas de las medidas, en función de circunstancias como el incremento del número de casos sospechosos y/o confirmados, en particular si existe sospecha de su transmisión comunitaria dentro de la zona básica de salud.

La Junta de Castilla y León también quiere precisar que los requisitos de camas que se solicitan no se corresponden con la realidad, dado que se exige una disponibilidad muy superior a las que se cuenta actualmente incluso extendidas, lo que impediría salir de la Fase 0.



Ventajas: delimitación sanitaria, implicación social, compromiso municipal y control de movilidad

La argumentación de que la zona básica de salud sea el ámbito geográfico de referencia no implica que se apliquen otros criterios de sectorialización dentro de la zona. El vicepresidente Francisco Igea ha expuesto que el criterio inicial propuesto para pasar a la siguiente fase de desescalada es el de cero casos en los 14 días anteriores en la Zona Básica de Salud. Este planteamiento de Castilla y León para la desescalada supone como ventajas la delimitación sanitaria, la implicación social, el compromiso municipal y el control de la movilidad.

De un modo más detallado, debe considerarse que la Zona Básica de Salud, como ámbito territorial de Atención Primaria atendido por un centro de salud, permite una vigilancia más efectiva y unificada de la incidencia de casos así como un mejor control de estos y de sus contactos. Al tiempo, se valora que en un entorno poblacional reducido -como lo es el correspondiente a la Zona Básica de Salud- se facilita una mayor concienciación e implicación local para fomentar y mantener ese estatus de “zona en fase más avanzada”. El compromiso municipal también constituye una ventaja, pues el desescalado zona a zona provoca un ejercicio de competencia y corresponsabilidad que es ideal en estas circunstancias; con ello también se favorece la implicación de las autoridades municipales en aspectos básicos como son el mantenimiento de las medidas de higiene y aislamiento en el municipio y su colaboración en el control de la movilidad y de la trazabilidad de los casos. Y por último, en relación con el control de la movilidad, el territorio que abarca una zona básica de salud puede ser más fácilmente controlado en cuanto a su movilidad, vías de comunicación, etc.



Indicadores determinantes y ámbitos semiurbanos y urbanos



La estrategia elaborada por la Junta de Castilla y León no obvia que tales planteamientos deben entenderse sin perjuicio de la valoración de indicadores provinciales o de área de salud, por ser el territorio de referencia de la atención hospitalaria y de recursos de consideración imprescindible para afrontar la desescalada: ejemplo de ello serían la dotación y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. En consecuencia, se trataría de una condición sine qua non que podría suponer que no todas las zonas básicas de salud con cero casos avancen de manera automática en el proceso de desescalada.

Si bien el documento es extenso para argumentar por qué la desescalada del confinamiento debe valorarse por zonas básicas de salud, que en el caso de Castilla y León beneficiaría ya al medio rural de la Comunidad como fruto de los datos actuales, el documento también contempla consideraciones respecto a los ámbitos semiurbanos y urbanos. Así, se indica que resulta más difícil la segmentación geográfica por zonas básicas de salud dentro de los municipios. Y se añade que es previsible que el desconfinamiento en estos ámbitos sea posterior al de muchas zonas rurales. Para estos municipios, que superan los 20.000 habitantes, la demarcación territorial sería el propio municipio o el área de salud, con segmentación sectorial y demográfica en función de la población de riesgo.