La Asociaciación El Defensor del Paciente se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Supremo para que, de forma urgente, abran una investigación sobre la supuesta orden de no derivar a hospitales a los ancianos de las residencias de Castilla y León que se encontraran afectados por la COVID-19.

La asociación que preside Carmen Flores ha acudido a ambas instancias a tenor de las últimas informaciones al respecto y tras tener acceso a un documento "que clama al cielo" y que, a su juicio, demostraría que se "ha jugado" con la vida de las personas a sabiendas de lo que iba a pasar, pues, como así añade, "¡por no haber, no había ni oxígeno, se les sedaba y ya!, en referencia a que en el caso de los afectados se optó por una "hospitalización a domicilio".

Defensor del Paciente, a través de un comunicado recogido por Europa Press, hace referencia a una instrucción de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y de la Gerencia de Servicios Sociales en la que se recoge que "se atenderá a los residentes sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al hospital, para lo cual se pondrán en marcha todas las medidas necesarias y de soporte para garantizar la atención sanitaria: personal de apoyo de cuidados paliativos, prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, tratamiento antibiótico intravenoso..."

Ante ello, la asociación ha solicitado a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, la apertura de una urgente investigación ante un posible caso de "omisión de auxilio" por, según denuncia Carmen Flores, "sedar a los pacientes en lugar de llevaros a un hospital".

"Esta forma de actuar, es además de inhumana, dictatorial, con abuso de poder, y esperamos que caiga todo el peso de la justicia", censura Flores, quien advierte de que "no figura en ninguna ley, ni de sanidad ni de autonomía del paciente que se actúe de esta forma, máxime cuando son seres que no pueden decidir ni tampoco los familiares porque simplemente no se les dejan ni les dan información".

Sin embargo, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, salió al paso de estas acusaciones en su momento y refrendó la actuación de la Junta de Castilla y León en las residencias de personas mayores durante la crisis del coronavirus y fue tajante al asegurar que lo volvería a hacer "las mismas y una y mil veces".

Blanco defendió la apuesta de la Junta por medicalizar las residencias de mayores como recomendó el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, y aseguró que la actuación se guió siempre por criterios médicos, que son los que han decidido la hospitalización de los mayores, 4.159 a lo largo de la pandemia, 741 en el "pico más alto".