El personal de enfermería suspende la gestión de sus problemas por parte de Sacyl así como la cantidad de y calidad de material de protección que han tenido a su disposición, según un estudio del sindicato Satse, que apunta que un 27 por ciento de enfermeras y enfermeros han sufrido la COVID-19.

En concreto, un 26,8 por ciento de estos profesionales han sufrido la COVID-19 en Castilla y León, según la encuesta difundida por el sindicato, que concluye que estos profesionales ponen de nota un 3,5 sobre diez a la gestión de la Consejería a la hora de solucionar sus problemas durante la crisis sanitaria.

También suspenden con un 3 sobre 10 la cantidad y calidad del material de protección que han tenido a su disposición, viéndose obligados ocho de cada diez a reutilizar las mascarillas FPP-2 o FPP-3 para atender a pacientes y ciudadanos, según Satse.

Estos resultados proceden del análisis que la empresa especializada en estudios online Sondea ha elaborado para el sindicato tras realizar una encuesta a finales de mayo y principios de junio a un total de 8.218 enfermeras y enfermeros del conjunto del Estado sobre su situación y condiciones de trabajo en la actual crisis sanitaria de la Covid-19.

La alta afectación de la enfermedad dentro del colectivo enfermero, la falta de suficiente material y equipos de protección, así como de pruebas diagnósticas de la COVID-19 y las graves consecuencias que su lucha contra la enfermedad ha supuesto nivel personal y familiar son algunas de las principales conclusiones del estudio.

A juicio de Satse, estas cuestiones refrendan "las sucesivas y reiteradas denuncias que desde la organización sindical se han realizado tanto a nivel nacional como internacional".

En lo que respecta a Castilla y León, el estudio señala que nueve de cada diez profesionales de Enfermería encuestados han trabajado durante la crisis sanitaria (92,1 por ciento) y que nueve de cada diez han tenido contacto con pacientes diagnosticados o sospechosos de coronavirus (94,7 por ciento).

PRUEBAS DE COVID



En cuanto a las pruebas de detección de la enfermedad, fueron realizadas al 96,9 por ciento de las enfermeras y enfermeros de la comunidad autónoma. El análisis apunta que a un 42,1 por ciento les han hecho pruebas PCRs, a un 77,5 por ciento, test rápidos, y a un 44,9 por ciento le realizaron estudios serológicos.

En lo que respecta a la protección con la que han contado para realizar su trabajo, la cantidad y calidad del material disponible ha sido valorado por los profesionales durante las peores semanas de la pandemia con 3,6 puntos sobre 10, siendo muy mal puntuada (de 0 a 4) por el 65,2 por ciento. Ahora sigue siendo percibida con una media de 4,9, y es suspendida por un 39,3 por ciento de los profesionales encuestados.

Asimismo, siete de cada diez enfermeras y enfermeros consideran que necesitarían más información y formación sobre el manejo de los EPIs (77,2 por ciento), y un 35,9 por ciento declara no haber recibido ningún tipo de información y formación al respecto.

El material que más han tenido que reutilizar las enfermeras/os ha sido la mascarilla FPP-2 o FPP-3, en concreto, un 83,1 por ciento de los profesionales encuestados. Por otra parte, un 52,9 por ciento han reutilizado mascarillas quirúrgicas y un 50,2 por ciento batas impermeables, mientras que un 21,1 por ciento tuvieron que reutilizar trajes de buzo de los de un solo uso.

De otro lado, la encuesta pregunta a las enfermeras y enfermeros sobre la gestión de la Consejería a la hora de solucionar sus problemas durante la crisis sanitaria, y le dan una nota media de 3,5 sobre 10.

En cuanto a la implicación del centro sanitario o sociosanitario en el que trabajan durante la crisis le dan una nota de 4,4 sobre 10, mientras que puntúan con un 5,8 sobre 10 a la implicación de su mando superior.

El estudio realizado también concluye que un 22,8 por ciento del personal han realizado alguna denuncia, escrito de queja o similar respecto a las circunstancias de seguridad existentes en las semanas de crisis sanitaria.

Asimismo, la pandemia de la Covid-19 ha afectado a la estabilidad del puesto de trabajo al 22 por ciento de las enfermeras y enfermeros encuestados, y un 11,9 por ciento han necesitado ayuda psicológica por la sobrecarga laboral y duras condiciones que han tenido que soportar (estrés, ansiedad, contacto permanente con el dolor y, en muchas ocasiones, la muerte, etcétera), según el estudio realizado por la empresa Sondea.

"Las conclusiones del estudio no dejan lugar a dudas de que la falta de previsión y diligencia de las autoridades competentes ha puesto en grave riesgo a la salud y seguridad de las enfermeras y enfermeros, así como la de las personas de su entorno", ha subrayado Satse, que ha insistido en que "todos los problemas, errores y deficiencias constatadas no pueden volver a producirse en caso de nuevos rebrotes de la enfermedad, porque sería una falta de respeto a la dignidad de los ciudadanos y de los profesionales".