La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80 por ciento de los centros hospitalarios privados de España, ha reclamado a Sacyl compensaciones del fondo autonómico por la disposición de recursos durante la pandemia.
ASPE, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que ha enviado una carta hace semanas a la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, en la que señala la situación del sector empresarial de provisión sanitaria en la región.
En especial, se apunta que, aunque no ha habido derivaciones de pacientes de COVID-19 de la sanidad pública a centros sanitarios privados, se puso a disposición del mando sanitario cuantiosos recursos asistenciales durante la pandemia, en especial la cesión de equipamiento como respiradores, "que requieren una compensación económica", a lo que se suma la derivación de pacientes no-Covid, utilizando la Consejería a la sanidad privada como "circuito paralelo".
El impacto del COVID-19 en el sector sanitario privado en la región castellanoleonesa durante los meses más críticos de la pandemia, marzo y abril, se documenta a través de un estudio realizado por ASPE, a nivel nacional y autonómico. El estudio analiza la actividad y su impacto en facturación, empleo, costes de aprovisionamiento e inversiones durante el mencionado periodo.
El estudio autonómico se realizó sobre una muestra de ocho hospitales generales de la región con incidencia de participación en la COVID-19 y suficientemente representativo para establecer el impacto consecuente en el sector empresarial castellanoleonés.
Estos hospitales privados asumieron solamente el 1 por ciento de los pacientes diagnosticados o con sospecha de COVID-19 (57) y ninguno de los ingresados en UCI (531) en la región.
En actividad ordinaria, todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa. Concretamente las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83 por ciento, las pruebas diagnósticas un 78, las urgencias un 73 por ciento, las consultas un 84 por ciento, los ingresos hospitalarios un 22 por ciento y las determinaciones de laboratorio un 42.
En cuanto a la contratación de personal, a pesar de estas dificultades, el 25 por ciento de los centros hospitalarios del estudio contrataron nuevos profesionales durante la crisis.
Los hospitales de la región participantes en el estudio han llevado a cabo inversiones relacionadas con la COVID-19 por un valor superior a los 955.000 euros. El 13 por ciento de las inversiones realizadas corresponde a compra de equipamiento, el 5 a la compra de respiradores, el 1 por ciento a la adecuación de espacios para adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades y el 81 por ciento restante a otras inversiones.
El importe destinado a la compra de material sanitario relacionado con la COVID-19 en estos hospitales se ha incrementado un 491 por ciento en marzo y abril respecto al importe gastado a lo largo de todo el año 2019. Los casos más extremos son los de las mascarillas quirúrgicas y las batas, cuyo precio se ha incrementado un 1.664 y un 1.249 por ciento, respectivamente, con respecto al precio existente en diciembre de 2019.
TAMBIÉN AL GOBIERNO CENTRAL
ASPE ha incidido que desde hace tres meses solicita al Gobierno español ayudas y compensaciones para paliar el deterioro económico causado por la actividad de servicio asistencial desarrollada durante la pandemia de salud pública y el consiguiente impacto al sector como actividad esencial sin medidas de reorganización laboral.
El sector se muestra "enormemente preocupado" ante el riesgo, ya anunciado hace semanas, de quiebra asistencial y financiera y ha censurado "el abandono" del Gobierno español a un sector que da trabajo a 266.000 personas y representa el 3,4 por ciento del PIB.
"Este riesgo se ha agudizado durante el recién finalizado estado de alarma y se manifiesta hoy en la suspensión de pagos, concursos y cierres de pequeños centros sanitarios, incapaces de asumir gastos corrientes, fundamentalmente pequeñas clínicas. La estimación de la patronal es que cerca de 2.400 centros sanitarios sin internamiento se verán abocados a cerrar", ha apuntado ASPE.
SIN PACIENTES
El Gobierno, fundamentalmente a través del Ministerio de Sanidad, ha comprometido en este tiempo una respuesta que no ha llegado a la solicitud por ASPE de medidas fiscales y financieras para empresas que han vivido en muchos casos una situación extrema, dado que permanecían abiertas como actividad esencial, sin pacientes por el confinamiento, con una caída abismal de ingresos y sin medidas de reorganización laboral.
Ahora, estos centros afrontan, por lo general, la fase de 'nueva normalidad' con un tercio de las consultas que se registraban previamente al estado de alarma, por el miedo al contagio y por las medidas de seguridad y mejor secuenciación de las visitas.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comprometió a principios de junio en una reunión con el presidente de ASPE, Carlos Rus, una respuesta en diez días a las medidas específicas para dotar de liquidez y fiscales.
Entre ellas están compensaciones por la atención de pacientes derivados de la pública y por la puesta a disposición de recursos asistenciales bajo el mando único sanitario y las consejerías de sanidad de los gobiernos autonómicos; y un IVA superreducido sobre compras de equipo y suministros sanitarios, con efectos de esta regulación desde el momento de decretarse el Estado de Alarma.
En ese mismo encuentro, el sector solicitó ser considerado de forma previa en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros. Una vez publicado el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19, se ha constatado la "ausencia de avances" y la única vía de liquidez proviene de la facultad del Gobierno regional de facilitar ayudas al sector.