CCOO ha reclamado la puesta en marcha de unidades de coordinación sanitaria en el ámbito de la Dependencia para afrontar un posible rebrote de COVID-19 para mejorar la atención después de las carencias observadas durante la pandemia.
Así lo han señalado las responsables de Política Social y Vivienda de CCOO en Castilla y León, Inmaculada de Pablo, y de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato en la Comunidad, Ana Rosa Arribas, quienes han recordado que hay 104.000 dependientes en Castilla y León, de los cuales casi 48.000 están en centros asistenciales.
Las responsables sindicales han incidido en que la Junta ha aprobado un decreto ley que regula medidas extraordinarias en centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente.
Sin embargo, De Pablo aunque ha reconocido que este decreto establece cosas positivas ante los fallos detectados durante la pandemia, considera "insuficiente" que sólo establezca un profesional de enlace entre Sanidad y Servicios Sociales, cuando el sindicato considera que deberían ponerse en marcha las unidades de coordinación sociosanitaria y se arbitraran protocolos de identificación y comunicación de casos, de atención específica, de derivación de personas a centros sanitarios, etcétera.
De hecho, la responsable sindical ha asegurado que tienen elaborada una propuesta que van a trasladar a las consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades y a las que van a pedir una reunión porque consideran que hay que actuar en "dos fases", una de forma urgente y otra a corto y medio plazo, que podría ser en el marco de los trabajos de elaboración de la ley de atención residencial.
Precisamente ahí podría tener encaje un modelo de atención sociosanitaria, ha señalado Inmaculada de Pablos, quien a la vez ha advertido de que esto sería insuficiente porque los trabajos no terminarán hasta septiembre u octubre.
Así, consideran necesario poner en marcha unas unidades que permitan una intervención, establezca protocolos, prioridades, dé rango a sistema sanitario para que en el momento en que se pueda producir un brote se sepa cómo reaccionar y no dejar todo en manos de la dirección de la residencia.
En este contexto, Ana Rosa Arribas ha señalado que si algo ha enseñado la pandemia es "todo lo soporta el papel" pero hay que pasar a la práctica y establecer un sistema de coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales en todo lo relacionado con los dependientes porque aunque se haya trabajado "codo con codo" durante la pandemia hay que concretar cómo hacerse y con una fórmula que perdure en el tiempo, se concrete con protocolos compartidos y se establezca la responsabilidad, que consideran que debe ser en el ámbito provincial.
PREVISIÓN
Arribas cree que debería de establecerse esa unidad de concertación y así evitar que vuelva a suceder lo que ha ocurrido, pero además cumplir con el desarrollo de la Ley de Dependencia.
Además, las responsables sindicales han criticado que además de la ausencia de esta coordinación, el decreto "olvida" cuestiones como los planes de continuidad o contingencia, que es cómo se organizan centros residenciales ante un posible rebrote, pero también el impacto sobre los trabajadores, para lo que no se ha tenido en cuenta la negociación colectiva. Asimismo, han criticado que se establezca que "por razones de urgencia" se pueda contratar a personal no cualificado, algo que a su juicio "atenta" contra la calidad del servicio residencial.
A juicio de CCOO, las unidades de coordinación deberían regularse de manera que se establezcan las personas responsables de la administración sanitaria de los centros de atención primaria y/o de atención hospitalaria del Sistema Público de Salud que corresponda en función de la referencia territorial que se establezca y las personas responsables de la administración responsable de la provisión de prestaciones de dependencia, con la coordinación a cargo del sistema de salud.
Igualmente, consideran que se deberían habilitar procedimientos concretos que permitan a las empresas que proveen las prestaciones de la red pública del sistema de dependencia de un marco de comunicación efectiva con la comisión de coordinación entre ambos sectores.
De igual modo, entre las funciones de estas comisiones, consideran que deberían estar la supervisión de aplicación de protocolos de atención establecidos por la autoridad sanitaria para la atención de personas en situación de dependencia en los centros y servicios del sistema de dependencia y la adaptación de los protocolos propios de las diferentes empresas a los emanados de la autoridad sanitaria, consensuados con la gerencia de servicios sociales.
También consideran que deberían de encargase de una auditoría de los recursos sanitarios y sociales con los que cuenta cada unidad de referencia en la que se constituye la unidad de coordinación socio-sanitaria (municipio, comarca, provincia, etcétera) y elaborar protocolos específicos de identificación y comunicación de casos COVID desde los centros y servicios del sistema de dependencia al sanitario, además de protocolos de atención específica y derivaciones.
El sindicato también considera que se deben tener en cuenta los diferentes perfiles que hay entre las personas dependientes, dado que no sólo se requiere atención en las residencias de mayores, sino que hay dependientes que están en sus domicilios o en centros para personas con discapacidad, por ejemplo.