La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y Léon, Isabel Blanco, ha reconocido que una de las conclusiones del informe sobre el impacto del COVID-19 en las residencias de personas mayores de Castilla y León apunta a que habría sido conveniente haber cerrado estos centros antes de lo que se hizo ya que el virus había entrado a principios del mes de marzo.

En concreto y según este informe, los datos sobre mortalidad en España demuestran que los contagios se estaban dando "de manera importante" desde los primeros días del mes de marzo y que en Castilla y León existía "transmisión comunitaria" diez días antes del cierre de los centros el 13 de marzo.

"Teníamos que haber cerrado los centros antes, es una de las lecciones que sacamos del informe", ha manifestado Blanco que ha recordado que ninguna entidad, institución, organización o administración de España, incluidas las residencias de personas mayores y la atención sanitaria que atienden a las mismas, estaba preparada para hacer frente a la dimensión de la pandemia, una "falta de previsión" que sucedió a todo el mundo y que "arrolló" a países desarrollados.

"Todos hemos ido aprendiendo de la pandemia estos meses", ha añadido en su reflexión sobre las conclusiones de este informe según el cual Castilla y León tuvo una tasa de ataque del COVID19 superior a la media nacional aunque su incidencia entre los dependientes con atención residencial fue inferior a la media. "Con una tasa de ataque muy alta, fueron menos de lo que podían afectar", ha aclarado.

Pese a ello, aseguró anteriormente que es "imponderable" conocer qué hubiera pasado en el caso de cerrar antes. "Si se hubiera tenido conocimiento, posiblemente se hubiera evitado que hubiera centros contagiados", aseguró. 

Aunque, eso sí, aseveró que hay un debate que habrá que estudiar en próximos informes sobre el equilibro entre el cierre de los centros para evitar la entrada del coronavirus y el deterioro que ello produce en las personas mayores.