La Junta de Castilla y León ha vuelto a insistir hoy, tras celebrarse ayer el Consejo Interterritorial de Salud, en la necesidad de que las comunidad autónomas dispongan de una herramienta jurídica que les permita decretar confinamientos domiciliarios en caso de que fuera necesario, al amparo del estado de alarma. Una petición que ayer fue reiterada ante el Gobierno de España, quien de momento lo descarta. 

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha asegurado que "en principio no tenemos que tomar ninguna medida más hasta que pasen 10 días, excepto que se diera un desastre", y hasta ver los resultados de las actuales medidas impuestas que, como el toque de queda, ya han producido un aplanamiento de la curva de contagios, que de haber seguido desbocada, habría provocado el colapso hospitalario el 15 de noviembre, según ha asegurado. 

Por ello, la Junta insta al Gobierno a que trabaje en esta medida junto a sus servicios jurídicos para tenerla lista el 9 de noviembre. 

No obstante, el vicepresidente, Francisco Igea, ha querido dejar claro: "Trabajamos no para llegar al confinamiento, sino todo lo contrario", de ahí las medidas adoptadas en los últimos días en Castilla y León. Y es que, según reconoce el también portavoz del ejecutivo, "sólo hay una única medida aislada que funciona: meter a todo el mundo en su casa. Todas lo demás son estrategias que van sumando y que hay que engranarlas para evitar llegar al confinamiento". 

Además, Francisco Igea ha aclarado que "aquí el objetivo no es salvar las Navidades, nuestro objetivo es salvar vidas, la economía y el futuro de esta comunidad. No cometamos el error de pensar que el objetivo son las vacaciones".

"El llamamiento final es la autoconcienciación. El heroísmo en estos días es decirle a la gente: ponte la mascarilla, no me toques, no te acerques... eso no es ser timorato, hoy es un gesto que salva vidas", ha concluido.