Un total de 2.045 dependientes de Castilla y León, que no cuentan con la resolución, no podrán ser vacunados contra el COVID-19 en las próximas semanas al no poder ser localizados. En conjunto, este colectivo en lista de espera suma más de 32.000 personas en España.

Así lo recoge un informe la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en el que se informa de que también se excluye a las 134.000 cuidadoras no profesionales que deberían ser vacunadas por estar cuidando a las personas grandes dependientes. En la Comunidad son 8.932 personas.

En ese sentido, la Asociación señaló que 313.000 personas grandes dependientes que no están en residencias deberían ser vacunadas en las próximas semanas, 19.066 en Castilla y León. 

Asimismo, la organización indicó que a estas personas se las deja al albur de que un médico o médica acredite enfermedades que requieran apoyos para la vida diaria, "como si el personal de medicina estuviese especializado en valoración de la dependencia", además de darles a su juicio una nueva actividad "que sobrecargue aún más su trabajo y sature, más si cabe, los servicios sanitarios en plena pandemia".

Por otra parte, no se incluye al más de medio millón de personas dependientes severas (cuya vulnerabilidad es manifiesta). 450.517 personas con prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF), de las cuales aproximadamente 133.679 tienen el más alto nivel de dependencia (Grado III). Estas personas dependen de la persona cuidadora no profesional que las atiende, que puede ser una o varias. 

Por lo tanto, hay 133.679 personas cuidadoras no profesionales -8.932 en Casilla y León- que deberían ser vacunadas por estar cuidando a las personas grandes dependientes en el Grupo 4. Esta cifra se eleva hasta 187.833 -10.855 en la Comunidad- en el caso de las personas con dependencia severa (GII). El 75 pro ciento de las personas cuidadoras no profesionales son mujeres.