El Plan de choque no funciona: las listas de espera siguen en aumento en Castilla y León

Con el sistema sanitario volcado en contener el avance del Covid-19 se produjo una importante reducción de la actividad asistencial durante la primera ola de la pandemia, alterando la calidad de vida de la población y dejando un daño colateral cuyo alcance aún está por ver.

Según datos de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, referidos a los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2020:   

•          Medio millón de consultas menos durante la primera ola de la pandemia.
•          Las pruebas diagnósticas se redujeron a la mitad, con 102.000
•          Las cirugías cayeron un 68%, con 25.500 menos.

Sin embargo, según datos disponibles en el Portal de Sanidad de la Junta de Castilla y León, un total de 32.501 pacientes esperaban a ser intervenidos entre julio y septiembre de 2020, lo que supone un aumento del 19% respecto al mismo periodo del año anterior. Así, la demora media para ser intervenido  ha pasado de 94 días en diciembre 2019 a 154 en septiembre de 2020, 65 días más que un año antes.

Ante la gravedad de la situación, el Procurador del Común, Tomás Quintana, urge a la Consejería de Sanidad a que adopte «medidas extraordinarias» y ponga «todos los medios personales y materiales necesarios y disponibles» para aligerar de forma «urgente» las listas de espera y recortar «esos dilatados tiempos de espera». También reclama que se informe a los pacientes del lugar que ocupan en el listado.

Preocupado por la situación, exige máxima celeridad para encontrar «fórmulas» que ayuden a recuperar el tiempo perdido para reducir las citadas lista de espera y atender la situación de emergencia sanitaria.

En este sentido el Procurador reitera a la Consejería la necesidad de que regule la información de las listas de espera de tal forma que los pacientes puedan conocer de forma «cumplida y detallada», qué lugar ocupan dentro de esa lista, así como su evolución. Hacerlo supondría, una manifestación «no solo de transparencia sino de adecuado uso de los recursos propios». Para ello, recomienda a la Consejería que dé «instrucciones precisas» a los Servicios de Atención al Paciente para que proporcionen información adecuada y actualizada a los usuarios.

Entiende que también ha de acometer la atención de las dolencias «menos graves», máxime cuando «las consecuencias laborales de prolongados periodos de baja son muy negativas», y más, en el actual contexto económico. 

Ante esta inédita y cruel realidad, el movimiento vecinal de Castilla y León se ve en la obligación de clamar, reclamar y exigir a la consejería de Sanidad y por extensión al presidente de la Junta de Castilla y León para que reaccione ante las peticiones y exigencias del Procurador del Común y de la propia realidad que, si bien tiene sus causas en la pandemia, no por ello, justifica el  abandono  de miles de ciudadanos sin dar respuesta alguna, amén del silencio.

La ciudadanía merece algo más y los políticos están, al menos, moralmente obligados a dar una respuesta.

El Procurador del Común no puede ser desoído y obviado. Representa la voz del pueblo. Su esfuerzo no puede quedar en papel mojado.

Las Asociaciones Vecinales de Castilla y León reclaman "transparencia e información". Y exigen que se convoquen los Consejos de Salud en todos sus ámbitos.