La incertidumbre planea sobre las comunidades autónomas a menos de un mes del fin de vigencia del estado de alarma que concluye, si el Gobierno no estima lo contrario, el 9 de mayo. Afortunadamente para Castilla y León, la Semana Santa no ha tenido el efecto de contagios temido, gracias en buen parte a las medidas restrictivas y a la vacunación. 

No obstante, ante ese cierto optimismo, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha hecho una llamada a no bajar la guardia ya que 14 días después de la Semana Santa se observa un discreto y continuo crecimiento de los casos, que se ha ido frenando y ha iniciado un leve descenso en los últimos días. 

Desde el Gobierno regional se trabaja para que, si finaliza el estado de alarma el próximo 9 de mayo, las restricciones sean las menos posibles, pero evidentemente no se puede asegurar que esto sea posible dada la variación de la situación epidemiológica. Sin embargo, existe preocupación por que llegue el fin del estado de alarma sin las herramientas normativas prometidas por el presidente del Gobierno y la vicepresidenta, asegura Igea, que eviten la complejidad de tomar medidas desde las CCAA con la ratificación judicial correspondiente.  

El vicepresidente ha pedido al Gobierno de España que “alguna vez” cumpla su palabra y se pongan por delante los intereses de los ciudadanos a los del “momento electoral”.  Las actuales medidas para las CCAA no serán suficientes, asegura Igea, porque en las restricciones de derechos hay cuestiones que no se permiten para las comunidades autónomas y tienen que someterse a ratificación judicial.

Igea lamenta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponga otras consideraciones por delante de la lucha efectiva contra la pandemia y critica que “subcontrata” su gestión a las CCAA. Así, considera adecuada la opción de reformar la ley de Sanidad para dotar a las comunidades de una herramienta legal para aplicar las restricciones o mantener el estado de alarma más allá del 9 de mayo.