El vicepresidente de la Junta considera que el Gobierno debe dimitir si se dicta un nuevo estado de alarma por la llegada de otra ola COVID

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, apuntó hoy en Valladolid que el Gobierno de la Nación deberá dimitir en bloque si se ve obligado a decretar otro estado de alarma con la llegada de una nueva ola de la pandemia del COVID. A la vista de las imágenes "impactantes" que se vieron anoche tras el fin del estado de alarma y el levantamiento del toque de queda desde la medianoche, aseguró que el Ejecutivo autonómico ya había advertido que era “pronto” para pasar de “cero a cien”, por lo que no dudó en acusar al Gobierno de la Nación de “absoluto irresponsable” al haber permitido que el estado de alarma decayera. 

Una situación que llega, expuso, después de que el Gobierno central se comprometiera con Ciudadanos (Cs) para tener una legislación intermedia cuando la formación apoyó en el Congreso el estado de alarma. “Ha incumplido su promesa y lo que ha ocurrido ayer en las calles de España está en el debe del Gobierno de la Nación, quien es el encargado de decretar el estado de alarma y quien tiene la obligación de mantener las medidas si la incidencia no está controlada”, concluyó. 

En todo caso, dejó claro que esos casos contrastan con el "sentido común" de una “inmensa mayoría” de la población. “Lo que ha ocurrido es muy preocupante. Quiero recordar las imágenes de celebraciones multitudinarias que hemos visto hace unas semanas en el País Vasco, con motivo dela final de la Copa del Rey, y ahora comprobamos la incidencia del COVID en esa comunidad y ver cómo están sus hospitales”, añadió.

Antes de participar en el acto conmemorativo del Día de Europa organizado por la Universidad de Valladolid (UVa), Igea criticó que el Gobierno de la Nación haya trasladado su “responsabilidad” al Tribunal Supremo. “No puede subcontratar a los jueces. Es una absoluta irresponsabilidad”, aseveró.

Además, negó que la Junta haya retirado el toque de queda en la Comunidad sino que ha sido el Estado. Fue entonces cuando señaló, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que el Gobierno autonómico decretó, por dos veces, el toque de queda. La primera fue en octubre del año pasado, sin que hubiera estado de alarma al igual que ocurre ahora, con “mucha más” incidencia acumulada que en la actualidad y la segunda fue en enero para alargar el toque de queda en pleno estado de alarma. En ambos casos, recordó, que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) tumbó los dos decretos. “No podemos pedir ahora un nuevo toque de queda y actuar en contra de lo que nos ha dicho, con claridad, nuestro TSJ, al igual que ha ocurrido en la mayor parte de las comunidades”, expuso. 

El vicepresidente de la Junta precisó que el Tribunal de Valencia es el único, de momento, que ha permitido la prórroga del toque de queda hasta el 24 de mayo, con dos votos en contra de cinco de los miembros de la sala, y habrá que estar a la espera de la decisión del Supremo.

Evitar la prevaricación

Preguntado por qué ocurriría si el Tribunal Supremo diera el visto al toque de queda en otras comunidades se limitó a apuntar que, si llegara el caso, "veríamos" en la Comunidad lo se puede hacer. No en vano, el vicepresidente y portavoz de la Junta confirmó que la Junta adoptará las medidas “precisas”, que se puedan tomar, si se comprueba un rebrote de la incidencia en la Comunidad. “No podemos adoptar todas las medidas que queremos. El TSJCyL nos lo ha dicho claramente y no podemos imponer un toque de queda por que rozaríamos la prevaricación, al dictar una resolución injusta a sabiendas después de las dos anteriores decisiones de los jueces”, concluyó. 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un real decreto ley que contempla la posibilidad de que los gobiernos de las comunidades autónomas puedan recurrir ante el Supremo las decisiones de los tribunales superiores de cada territorio sobre las restricciones que limitan los derechos fundamentales.