CSIF reclama a Sacyl que mantenga a los 5.000 profesionales sanitarios de refuerzo por la pandemia ante la “falta de personal”

En este sentido, insistió en que “existe un problema en Atención Primaria” y propuso como solución la prórroga de los contratos de los profesionales sanitarios de refuerzo COVID "más allá del verano", en el que cubrirán suplencias, aunque avanzó sobre las negociaciones, que “parece que no”. “En España estamos con unas ratios de profesionales muy por debajo de la media de la Unión Europea y por eso estamos pidiendo la permanencia de estos trabajadores, para igualarnos”, incidió.

Por otro lado, CSIF reclamó al Gobierno a que “ponga coto” a la situación de temporalidad de los empleados públicos que, según cifras del presidente autonómico del sindicato, Benjamín Castro, se sitúa en el 33 por ciento de media entre todas las administraciones. “En Castilla y León, las plantillas están en precario, igual que en el resto de las instituciones. En el caso de la temporalidad, estamos hablando de más de un 33 por ciento de media en todas ellas. En la Junta, en particular, roza el 34 por ciento y en algunos ámbitos de Servicios Sociales la temporalidad se dispara al 77 por ciento”, cifró.  

Cabe señalar que en los grandes sectores las competencias son autonómicas, pero “las directrices fundamentales se marcan desde arriba”, por eso el sindicato está negociando en el Ministerio de Política Territorial y de Función Pública. “Si ya partimos de la base de que las propuestas del Gobierno son negativas y no solucionan el problema de la temporalidad, las comunidades autónomas luego poco podrán hacer”, advirtió el presidente nacional, Miguel Borra. Sobre el asunto territorial, el presidente de CSIF Castilla y León recordó que el propio consejero de Presidencia reconoció hace escasas fechas que “hasta que el Ministerio no se lo permita no podrá avanzar con las ofertas de empleo público y acabar con las tasas de reposición”.  

Por eso, Castro exigió a la administración que, por un lado, haga ofertas de empleo público “ambiciosas” y, por otro, que haca “atractivos” los salarios. “En una comunidad vecina, y no de las ricas como es Extremadura, más del 30 por ciento del presupuesto anual ordinario se destina a los salarios de los empleados públicos. En Castilla y León no llega al 16. La Junta dice que estamos muy bien pagados y que nos dan lo que pedimos, pero sigue sin desarrollarse la carrera profesional, seguimos esperando la llegada de la jornada de 35 horas semanales, que se acordó a finales de la legislatura pasada, y esperamos los fondos adicionales de los ejercicios 18, 19 y 20 que todavía estamos por cobrar”, concluyó.

"Precariedad" en la función pública

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios se encuentra negociando con el Gobierno la situación de temporalidad de 800.000 empleados públicos a lo largo del país. Durante la reunión con los delegados sindicales del sector sanitario celebrada en Salamanca, su presidente nacional, Miguel Borra, acusó al Ejecutivo de seguir “precarizando” la función pública al proponer el cese de los interinos a los tres años.

Según Borra, las negociaciones con el Gobierno están en una situación “muy negativa”, pues, en su opinión, los responsables gubernamentales han puesto el énfasis en “culpabilizar al trabajador”. “Aparte de que a los tres años un interino tiene que cesar, encima esa plaza no se podrá utilizar durante un año”, advirtió. En este sentido, el responsable nacional de CSIF considera que el Ejecutivo se equivoca. “En vez de culpar a las administraciones públicas que son las responsables de que no salgan las ofertas de empleo y no se solucionen rápido, se vuelve a culpara al trabajador, se le precariza y se le indica que a los tres años se le despedirá”, denunció.

Asimismo, Miguel Borra recordó que además, con la propuesta gubernamental de modificación de la normativa, se retira a los empleados condiciones laborales “ganadas en los tribunales”, como el accedo a la carrera profesional y “determinados permisos”. “No vamos a aceptarlo. El Gobierno tiene prisa porque Bruselas ha condicionado parte de los fondos que vamos a recibir a que se solucione el problema de la temporalidad en España. Pero, desde luego, ni se soluciona el problema de las personas que ya están, ni de las nuevas que vengan porque el Gobierno no pone el foco donde debe”, espetó.

El presidente nacional de CSIF inauguró este jueves en Salamanca unas jornadas sobre la situación del sector sanitario en Castilla y León, en el marco de los encuentros que está realizando a lo largo de todo el país. “Vamos a recibir las opiniones que tienen los compañeros sobre las necesidades de recursos humanos que tenemos en nuestro Sistema Nacional de Salud. La pandemia ha puesto nuestra capacidad al límite y se ha demostrado que necesitamos contar con más recursos humanos y materiales para prestar a los ciudadanos los servicios que se merecen”, explicó.

Según sus datos, España tiene tres camas de hospital por cada millar de habitantes, mientras la media de la Unión Europea es de cinco y Alemania alcanza las ocho. Además, en el país germano,  hay mil médicos más por cada millón de habitantes. “Esperamos que sean unas jornadas sumamente productivas. Sacaremos conclusiones muy importantes para los trabajadores del Sacyl y el conjunto de todos los trabajadores de la Comunidad, con el objetivo de mejorar los servicios públicos”, manifestó.

Por otro lado, Miguel Borra se refirió a las bolsas de trabajo que, en la actualidad, carecen de efectivos en Castilla y León. “Ser empleado público en este país no es algo atractivo. No podemos olvidar que, según nuestros estudio, durante la última década un médico ha trabajado gratis 18 meses, un enfermero 15 meses y un técnico superior de rayos, por ejemplo, 13 meses, a causa de todo el poder adquisitivo que hemos perdido”, especificó.  En este sentido, el presidente nacional de CSIF reivindicó que los servidores públicos tengan “salarios adecuados”.  

“No se pude conseguir de hoy para mañana, pero tenemos que dar pasos para tener también un número de profesionales adecuado”, añadió. En cifras, plantean al Gobierno la necesidad de incorporar cerca de 40.000 personas en todos los sectores. “En Suecia hay un empleado público por cada ocho habitantes, en Francia cada 12 y en España cada 18. Ni somos muchos, ni estamos bien pagados. Y en algún momento hay que abordar el problema de que faltan trabajadores para los servicios públicos”, zanjó.