Galicia y Canarias han sido las pioneras en exigir el 'pasaporte COVID' para acceder a bares y restaurantes de sus comunidades como medida de prevención contra el virus. Algo que también se va generalizando en paises europeos como Francia, Italia o Portugal. La medida ha desatado una ola de críticas y protestas especialmente en el país galo, donde se ha tachado al Gobierno de Macron como de de "dictadura sanitaria". Mientras otras comunidades como Andalucía estudian su implantación en el territorio, ahora que su vacunación alcanza el 75% de la población. Por su parte, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España ha rechazado de pleno esta medida y la ministra del ramo, Carolina ha recordado que no hay soporte legal para vetar el acceso a espacios públicos cerrados a quien no tenga el documento. 

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha explicado que la postura en nuestra Comunidad pasa en primer lugar por llegar al punto en el que "todo el mundo haya tenido la oportunidad de vacunarse". La Junta da el visto bueno a la medida, pero solo cuando toda la población castellano y leonesa haya pasado por su turno de vacunación y se haya inmunizado, o no. Una forma de evitar un agravio comparativo, como el criticado en Francia, para aquellos a los que aún no les ha llegado su pauta de vacunación completa y no pueden acceder a dicho certificado. 

Por otro lado, Igea ha defendido que lo ideal sería que todas las comunidades autónomas tengan "un criterio uniforme" sobre este asunto, para evitar "discriminaciones en los derechos de unos y otros". Por ello, el vicepresidente de la Junta espera que sea un tema a tratar en el Consejo Interterritorial de Salud próximamente.