La Consejería de Sanidad quiere ampliar la segunda opinión médica al menos a cinco nuevas patologías. En concreto, a enfermedades raras y sin diagnóstico; trasplante de órgano sólido desestimado por parte de un centro trasplantador de la Castilla y León, así como a la cirugía de columna infanto-juvenil y a la cirugía cardíaca. En la lista se cuela también cualquier otra enfermedad que suponga para el paciente un riesgo para su vida o para la calidad de ésta, entendida como una amenaza de incapacidad o menoscabo importante para su vida cotidiana y profesional.
Con esta decisión conocida por Ical, el departamento de Alejandro Vázquez actualizará una normativa que ya cuenta con más de 15 años, tiempo en el que han surgido nuevas necesidades entre la población y con la que se quiere garantizar la mejor asistencia y el cumplimiento de los derechos de los pacientes respecto a su salud.
No en vano, en 2021, último dato cerrado por Sacyl, 86 pacientes solicitaron una segunda opinión, que fueron derivados a los complejos asistenciales de Burgos (15), León (siete), Salamanca (41), Universitario Río Hortega (8) y Clínico Universitario de Valladolid (15). Las solicitudes se registraron desde todas las provincias. Así, desde el Complejo Asistencial de Ávila hubo 12 tramitaciones; desde el de Burgos diez, a las que se unieron dos del Hospital Santiago Apóstol, de Miranda de Ebro, y dos más del Santos Reyes, de Aranda, en esta misma provincia. Desde el Bierzo, se solicitaron siete; 15 desde el Hospital de León, por encima de las 12 del de Zamora. En Palencia las segundas opiniones sumaron seis; en Salamanca, una; en Segovia y Soria, siete en cada caso; mientras que en el Río Hortega y en el Clínico de Valladolid fueron tres en cada caso.
En estos momentos, los supuestos para pedir una segunda opinión médica en Castilla y León abarcan las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, excepto la demencia senil; enfermedades degenerativas del sistema nervioso periférico; enfermedades desmielinizantes, así como las neoplasias malignas, excepto las de piel que no sean melanomas.
El nuevo decreto por el que se actualizará el derecho a una segunda opinión médica equipará a Castilla y León con otras autonomías, que ya incluyen estos supuestos, como es el caso de Andalucía, con una de las listas más largas, y Castilla-La Mancha que es de las pocas que incluye un nuevo diagnóstico en casos de enfermedad mental grave en infancia y adolescencia. Por ejemplo, el Servicio Cántabro de Salud también prevé la cirugía de aparato locomotor que comprometa gravemente la calidad de vida de los pacientes previamente intervenidos por una sustitución total de cadera o total de rodilla.
Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de este derecho afecta a los centros propios de Sacyl, concertados o vinculados a la red asistencial sanitaria de utilización por parte de la Gerencia Regional de Salud, excepto para la desestimación de la indicación de trasplante de órgano sólido no renal. En este último caso, por carecer Castilla y León de centros trasplantadores, las solicitudes de segunda opinión son atendidas por centros de fuera de la Comunidad, para lo que es preceptiva la autorización de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Castilla y León y la de la autonomía receptora, en función de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo Interterritorial de Trasplantes.
En el caso concreto del trasplante renal, la segunda opinión es atendida en un centro propio de Castilla y León, que cuenta en estos momentos con dos centros autorizados, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y el Complejo Asistencial de Salamanca.
Antecedentes
En Castilla y león, el primer paso para pedir una segunda opinión médica se dio con la aprobación del decreto que lo regula, en la era de Francisco Javier Álvarez Guisasola, en diciembre del año 2007.
Fue consecuencia de la reforma aquel mismo año del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que en su artículo 13, referido a derechos sociales, introdujo como tal el acceso de la población a una segunda opinión médica, algo que también contempla la Ley sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud, aprobada en 2003.