El Consejo General de Enfermería (CGE) de España reclama más de 180.000 euros al que fuera presidente del colegio de Enfermería de Castilla y León, Alfredo Escaja Fernández. En concreto la denuncia es contra el también expresidente del Consejo nacional, Máximo González Jurado, y el exgerente y hermano, Julio González, por abonar esta cantidad por trabajos de asesoramiento sanitario que no se llegaron a hacer a la empresa del hijo del expresidente del colegio de enfermeros de Castilla y León, David Escaja.
De esta manera, desde el Consejo se ha puesto una denuncia contra Máximo González, Alfredo Escaja Fernández y Julio González Jurado, exgerente de los enfermeros. Según la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico se les acusa de presuntamente administración desleal, apropiación indebida y descubrimiento y revelación de secretos. La denuncia pone sobre la mesa que se entregaron 180.687,76 euros por trabajos fantasma que se llevaron a cabo entre los años 2000 y 2010 a través de la empresa Serviclar 2000 SL, que en teoría estaba dedicada a la formación y a la asesoría sanitaria, y cuyo administrador único es David Escaja Borrego, hijo del expresidente de Castilla y León. Además, la empresa que recibió los pagos se constituyó solo unos meses antes de comenzar a recibir los pagos, según relatan fuentes jurídicas a este medio.
Todo comenzó cuando después de realizar una auditoría interna por parte del Consejo comprobó una serie de facturas por unos supuestos trabajos de asesoramiento de los que no tienen ninguna prueba documental de que se hayan realizado. Ante esto, el Consejo decide denunciar ya que se han abonado unos pagos por unos trabajos que nunca se llegaron a hacer. Un trabajo de varios años ya que Julio González se negó a colaborar con la institución de enfermeros.
Asimismo, Alfredo Escaja figura como representante legal de la sociedad Desarrollos Aulares S.A., residenciada en Cuauhtémoc (México), una empresa dedicada al sector de la construcción., por lo que en esta denuncia a la que ha tenido acceso este medio también se solicita que sea investigado, ya que “sorprende que alguien con un sueldo de enfermero, pueda constituir y poner en funcionamiento este tipo de sociedades en el extranjero”. Incluso también se le acusa de usar correos electrónicos internos del Consejo obtenidos “de manera ilegal”.
A todo ello, la denuncia añade que el Consejo General de Enfermería denunció el 25 de mayo de 2021 ante la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional que había sufrido un hackeo de sus ordenadores, archivos electrónicos, incluidas firmas electrónicas del Presidente y miembros de la citada Corporación, así como correos electrónicos por medio de accesos ilegales no consentidos, causando daños y quiebra de la seguridad de sus sistemas informáticos.