Una asociación feminista ha lanzado una recogida de firmas a través de la plataforma 'Change.org' en señal de protesta por la nueva sentencia del 'caso Arandina', ya que la situación actual de Estado de Alarma por la crisis del coronavirus impide a las feministas salir a las calles a manifestarse contra este fallo judicial.
La sentencia, dictada la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), absuelve a uno de los exfutbolistas condenados por agresión sexual sobre una menor y ha aplicado una sustancial rebaja de penas a los otros dos. Previamente, los tres fueron condenados por la Audiencia Provincial de Burgos a 38 años de cárcel por delitos de agresión sexual.
"Si no estuviéramos confinadas en casa o tuviésemos limitados los movimientos por el Estado de Alarma, seguro que inundaríamos las calles manifestando nuestra indignación por esta sentencia tan escandalosa", sostiene la Federació de Dones Progressistes de la Comunidad Valenciana, impulsora de la iniciativa.
Esta federación remarca que la ciudadanía no debe renunciar a expresar su indignación "de forma masiva" a pesar de las circunstancias excepcionales. "No podemos dar ni un paso atrás", agrega, lamentando que esta sentencia haya "demostrado que la Justicia para las mujeres puede dar pasos atrás", aún después del caso de la Manada de Pamplona de 2016.
"Hablamos de una protesta a modo de recogida de firmas que asemeje, en la medida que las actuales circunstancias nos permiten, una manifestación virtual para protegernos ante retrocesos en nuestros derechos", apostilla el texto de la petición, que ya acumula 2.000 firmas de apoyo.
Tal y como exponen desde la federación, en medio de unos días "abrumadas y ocupadas con la epidemia del COVID-19", se publicó esta sentencia sobre 'La Manada del Arandina'. Según sostienen, esta resolución "retrotrae" a la primera sentencia de La Manada de los Sanfermines.
Asociaciones Feministas consultadas por Europa Press han tachado de "retroceso" la nueva sentencia del 'caso Arandina' porque vuelve a amparar la "cultura de la violación" al poner en duda la credibilidad de la víctima, mientras "justifica y exime de responsabilidad a los violadores".