La Audiencia Provincial de Palencia ha condenado a un padre a doce años de cárcel por abusar sexualmente de su hija menor de edad durante seis años, al tiempo que se le prohíbe acercarse a menos de 500 metros y comunicarse con su hija durante 15 años e indemnizarla con 20.000 euros por los perjuicios morales y psicológicos sufridos.

Según refleja la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el condenado vivía junto con su mujer, dos hijos menores de edad y una hija mayor de su mujer en el domicilio en el que se llevaron a cabo los abusos sexuales entre 2004 y 2010, ya que los progenitores dormían en camas separadas, situación que aprovechaba para satisfacer sus "deseos libidinosos" y acceder a la cama de su hija.

Tras el fallecimiento de la madre en 2010, la hermana mayor de la demandante acudió al CEAS de su localidades para exponer la situación familiar. Los responsables del mismo decidieron que su hermana se fuera a vivir con sus abuelos paternos.

Al cumplir la mayoría de edad, ésta le contó a una amiga lo que su padre le había hecho y la convenció para que le denunciara así como su hermana mayor, con quién hablo y le contó que su padre le había hecho lo mismo durante años.

El Tribunal entiende que no existe motivación espuria para que la demandante haya mentido en sus acusaciones, ya que ha mantenido la versión desde su denuncia la Guardia Civil, ante la juez de instrucción y en el plenario ante el Tribunal sentenciador.

Además, no consta que padezca "ninguna deficiencia psíquica" que puede afectar a sus declaraciones y actualmente su edad es lo suficientemente avanzada para "poder recordar y narrar con fiabilidad como ocurrieron unos hechos que le afectaron de modo directo y personal" por lo que no cabe cuestionar la credibilidad subjetiva de su declaración.

Asimismo, su hermana mayor por parte de madre e hija reconocida del procesado, declaró en el juicio que ella también había sido víctima de continúas agresiones sexualespor parte del condenado, hechos que no denunció pero sí puso en conocimiento de los responsables del CEAS en marzo del 2000, como consta en el informe que se remitió al juzgado.