54 sanciones y un detenido en Salamanca en el útimo fin de semana de mando único para Interior

Desde que se declarara el estado de alarma el ya muy lejano 14 de marzo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tenido una larga y complicada tarea en Salamanca. Los vecinos de esta provincia han sido bastante ‘guerreros’ a la hora de cumplir la normativa de cuarentena domiciliaria, prohibición de desplazarse y el resto de medidas tomadas cuando la pandemia del coronavirus obligaba al Gobierno de España a tomar cartas en el asunto.

De hecho, es la segunda con un mayor número de detenidos, con 44, superando a Valladolid este pasado fin de semana por una detención más. Burgos es la provincia que mayor número de detenidos ha acumulado estos dos meses, donde se ha detenido a 49 personas. Por detrás de estas, mientras, León y Zamora cuentan con 38, Ávila con 31, Segovia con 23, Soria con 22 y Palencia solo con 10. 

Con respecto a las denuncias, Salamanca es la cuarta que más sanciones ha interpuesto con 5.789 . Pero es Valladolid la que mayor número de denuncias ha contabilizado, 11.789 en total, seguida de Burgos que es la segunda con 8.661 denuncias. Completan la lista León (7.197), Zamora (4.938), Segovia (3.401), Palencia (3.387), Ávila (3.271) y cierra la lista Soria con 1.828.

Castilla y León es la sexta comunidad autónoma en la que mayor número de denuncias se han interpuesto desde que comenzara el estado de alarma, un total de 50.261 sanciones. Solo Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias han interpuesto más denuncias a sus habitantes desde el 14 de marzo por desobediencia e incumplimiento de la normativa. Un 'ranking' casi similar en cuanto a número de detenidos, donde Castilla y León es la octava, con 298 detenidos totales, ya que Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Islas Baleares y Euskadi contabilizan mayor número. 

Por otra parte, este es el último fin de semana en el que se aportan datos conjuntos ya que deja de existir el mando único en Interior por lo que devuelve a los ayuntamientos y comunidades autónomas la gestión de las policías locales y autonómicas.