La Guardia Civil en el marco de la Operación Retrovirus coordinada por EUROPOL, ha llevado a cabo más de 500 inspecciones en 300 centros vinculados con la gestión de residuos sanitarios. En España la Guardia Civil ha detenido e investigado a 44 personas en todo el territorio nacional. Además, se han denunciado 184 infracciones administrativas en materia de residuos por su transporte, gestión o eliminación irregular.
En la provincia de Valladolid se ha investigado a 9 personas resultado de las inspecciones en varias empresas
Pese a que la mayoría de gestores de residuos cumplían con la normativa, se han detectado graves irregularidades y se han investigado para paliar los efectos de transmisión de la enfermedad.
A raíz de la declaración del Estado de Alarma, y de las consecuencias que está teniendo el desarrollo de la pandemia tanto en las personas, como en el medio ambiente, el SEPRONA de la Guardia Civil ha reforzado el control en la gestión de residuos sanitarios peligrosos y sus consecuencias. Debido al gran volumen de actuaciones higiénico sanitaria, la Guardia Civil está teniendo una especial atención a los residuos que directa o indirectamente tienen relación con la COVID19.
El incremento de la actividad sanitaria debido a la emergencia está implicando obligatoriamente un amplio aumento de los desechos. La forma en que se recogen, transportan y finalmente tratan y eliminan, a través de gestores autorizados estos desechos, está siendo también crucial en términos de restringir la dispersión de la COVID19.
La mala gestión individual de los guantes y las mascarillas usados, está incrementado la presencia de residuos plásticos en ríos y mares, problemática cuyo impacto ambiental ya se estaba intentando reducir dada la contaminación y daño que provoca en estos ecosistemas.
Dentro de ese marco, la Guardia Civil de Valladolid, ha inspeccionado a empresas que gestionan residuos COVID-19 y a empresas de transporte de residuos peligrosos, para comprobar el cumplimiento de la legislación y que la gestión y traslado de los residuos no suponían un riesgo para la salud de las personas y del Medio Ambiente.
Tras recibir información de la Unidad Técnica de Medio Ambiente, del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se procedió a la inspección de diversas empresas, con el resultado final de nueve personas investigadas, como autoras de un delito contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y/o un delito contra el derecho de los trabajadores, por el traslado inadecuado, de 11.215 kilogramos de residuos sanitarios especiales
Estos residuos eran trasladados desde hospitales, de Burgos, Salamanca, Valladolid, Palencia y Zamora, hasta una planta de tratamiento de residuos ubicada en la provincia Valladolid, no cumpliendo con los requisitos exigidos para este tipo de transportes. A los trabajadores tampoco se les dotaba de los medios necesarios para evitar su contagio.
Se han instruido diligencias que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid y a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid.
Contexto internacional
En el marco de la agencia de la Unión Europea en materia policial, EUROPOL, la Guardia Civil ha lanzado esta operación durante el estado de alarma con el objetivo de evitar la gestión irregular de residuos sanitarios en las fases del transporte, tratamiento y eliminación final de dichos desechos con origen en los centros de atención médica o en cualquier otra instalación en la que se han desarrollado actividades sanitarias con respecto a la emergencia de la COVID19, de acuerdo con los marcos legislativos internacionales, de la UE y los nacionales.
Se ha contado con el apoyo de EUROPOL en el análisis operativo y en el análisis estratégico de documentación para hallar posibles relaciones de las empresas investigadas con el resto de estados miembro y terceros países.