El Tribunal Superior de Justicia de Catilla y León ha explicado este martes en un comunicado, que el retraso en la intervención de la Guardia Civil para desalojar a los jóvenes que se concentraron en una macrofiesta en la localidad de Vime de Sanabria se debió a la demora de la Junta de Castilla y León, como autoridad sanitaria, en solicitar la intervención de la Guardia Civil.

El TSJCyL ha explicado que el juzgado de Puebla de Sanabria no podía ratificar el desalojo de la fiesta sin haber recibido una solicitud previa por parte de la autoridad sanitaria, en este caso por parte de la Junta de Castilla y León.

De este modo, el TSJCyL ha aclarado las manifestaciones realizadas desde la Subdelegación del Gobierno de Zamora en las que responsabiliza al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria del retraso en la intervención de la Guardia Civil para desalojar a los jóvenes que desde el viernes se habían concentrado en la localidad de Vime para celebrar durante todo el fin de semana una fiesta-acampada convocada por redes sociales a la que asistieron cerca de 150 personas.

Así, desde el alto tribunal se aclara que la Guardia Civil puso en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria la existencia de esa concentración de gente el sábado por la mañana, en torno a las 09.30 horas.

Según las mismas fuentes, en ese mismo instante, la jueza informó a los agentes de que no pueden intervenir si la administración sanitaria no lo solicita, ya que, al no existir delito, es la autoridad sanitaria quien debe de valorar si existe un riesgo para la salud y tomar la decisión, y en el caso de que afectara a derechos o libertades, solicitar la ratificación judicial de la decisión acordada.

Pese a esta situación y "con el objetivo de poder acelerar la toma de una decisión ante el evidente riesgo para la salud que suponía la concentración de más de un centenar de personas", el TSJCyL señala que durante todo el sábado el Juzgado estuvo intentado contactar con la autoridad sanitaria.

Así, finalmente, a última hora de la tarde, y según se recoge en el atestado de la Guardia Civil remitido al Juzgado, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León comunica que no intervendrá por considerar que se trataba de un evento privado.

Según el tribunal, no fue hasta el domingo por la tarde, a las 17.25 horas cuando la delegada Territorial de la Junta, Clara San Damián, como autoridad sanitaria en la provincia de Zamora decide intervenir y remite al juzgado la orden de cese de la reunión y desalojo.

Tras esta orden, "tan sólo una hora después", a las 18.23 el Juzgado dictó y notificó el auto ratificando las medidas acordadas por la Junta ante el evidente riesgo para la salud que suponía tal concentración de personas, bebiendo alcohol, sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad.

Por último, el TSJCyL insiste en que el Juzgado "carece" de competencia para intervenir antes de que lo haga la autoridad sanitaria porque los participantes no cometían ningún delito, sin embargo estaban incumpliendo la normativa administrativa en materia de Covid, "siendo la administración a través de la Autoridad sanitaria, y no el Juzgado, quien debía intervenir".

"El desalojo de los asistentes a la fiesta no se produjo por orden judicial, es una decisión de la autoridad sanitaria ya que no se estaba cometiendo ningún delito sino una infracción administrativa", se ha aclarado desde el TSJCyL, que ha señalado que la intervención del Juzgado de Sanabria, en funciones de guardia, "se limita a revisar y ratificar las medidas acordadas por la autoridad sanitaria ya que podrían afectar a derechos fundamentales".