Cree que “de las actuaciones practicadas se desprende que los hechos investigados revisten caracteres de delito, existiendo base suficiente para su persecución, por lo que procede acceder a la petición de apertura del juicio oral formulada contra el procesado”.   

“En este caso, y sin prejuzgar en absoluto lo que pueda resultar probado en el acto del plenario, sin que estos elementos indiciarios basten por sí mismos para prejuzgar los hechos y la participación del autor pues tan solo autorizan a la continuación del proceso, sí existen unos indicios que permiten que las partes acusadoras puedan presentar escrito de acusación provisional y la celebración del juicio oral”, señala el tribunal.    

La investigación de la causa la llevó a cabo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda (Segovia), que abrió en 2018 unas diligencias previas tras la denuncia presentada en Pozuelo de Alarcón (Madrid) por la joven contra él.      

Al haber ocurrido supuestamente los hechos denunciados en el partido judicial de Sepúlveda, se planteó entonces una cuestión de competencia que finalmente fue resuelta a favor del juzgado segoviano.