El que fuera Jefe de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid hasta 2018, J.M.Z.P, se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial para juicio con jurado bajo la acusación de haber entregado a amigos o conocidos entre los años 2016 y 2017 rifles y escopetas de subastas que, al no haber sido adquiridas por nadie, tenían por destino la chatarra.

Fiscalía de Valladolid acude al juicio, para el que aún no hay fecha prevista pero que celebrará la Sección Segunda de lo Penal, con una petición de pena de un año y tres meses de cárcel, multa de 3.600 euros e inhabilitación por espacio de cuatro años y medio para empleo o cargo público por un delito de negociación prohibida a funcionario, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos hacen referencia a las gestiones que el encausado realizó en las subastas que una vez al año se venían celebrando en la Comandancia de Valladolid, dado que el agente, en su condición de máximo responsable de la Intervención de Armas y Explosivos, se encargaba de documentar la cesión de las mismas, las trasferencias y guías de pertenencia.

Pues bien, según sostiene la acusación pública, el acusado, quien estaba al corriente del estado de las armas, ya que se encontraban bajo su custodia, y a pesar de que no podía intervenir en las subastas para sí ni tampoco como intermediario entre los titulares de las depositadas en la Comandancia y el público en general, vulneró la normativa y derivó a terceros aquellas que no habían recibido puja en subastas que quedaron desiertas y cuyo destino era el achatarramiento.

El guardia civil, presuntamente, contactaba con amigos o conocidos a los que comunicaba que disponía de un arma determinada, depositada bajo su custodia por familiares de cazadores fallecidos o que habían abandonado el arte cinegético, y una vez llegado a un acuerdo evitaba exponerla en la subasta al objeto de que nadie pujara por ella y la misma quedara desierta.

Aunque el arma en cuestión tendría que haberse destinado a la chatarra, el jefe de la Intervención, siempre según la tesis de la acusación pública, se las ingeniaba para que ese rifle o esa escopeta 'distraídas' de la subasta acabaran en manos de amigos o conocidos.

Para realizar la transferencia a los nuevos titulares, éstos firmaban la copia o matriz de transferencia del arma por fallecimiento del titular, posteriormente el agente contactaba con el depositante del arma y conseguía su firma, y finalmente elaboraba la pertenencia al nuevo titular, legalizando así la guía de pertenencia del arma al amigo o conocido, sin que en el escrito del fiscal es especifique si el encausado lo hacía de forma gratuita u obteniendo algún beneficio económico.

Siguiendo este 'modus operandi', el agente de la Benemérita habría puesto en manos de terceras personas afines, tras una subasta celebrada el 11 de abril de 2016, un rifle Browming calibre 300, cuyo precio de tasación era de 1.000 euros, y una escopeta Hispano-Inglesa calibre 16, tasada en 100 euros, así como un rifle Santa Bárbara calibre 300, tasado en 500 euros. Las tres armas, en lugar de ser achatarradas, salieron del depósito de armas y fueron transferidas directamente por el acusado.

Otro tanto habría ocurrido tras una subasta desarrollada el 23 de octubre de 2017 que quedó desierta, por falta de puja, para un rifle Sabatti calibre 300 y una escopeta Beretta calibre 12, tasadas en 700 y 500 euros, respectivamente, y que el guardia civil transfirió a un tercero, casualmente el mismo al que un año antes había entregado el rifle marca Browming.

SEGUNDO JUICIO CONTRA EL MISMO AGENTE

No es el primer juicio al que se enfrente el exjefe de la Intervención de Armas de Valladolid, ya que en enero de 2016 ya ocupó el banquillo de la Audiencia Provincial, acusado de un delito de prevaricación del que fue finalmente absuelto, por paralizar en 2013 la solicitud de renovación de licencia de caza presentada por un cazador.

La absolución, frente a los siete años y medio y diez años de inhabilitación solicitados, respectivamente, por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, la fundamentó el tribunal en que de lo actuado no se observa actuación delictiva alguna del procesado, del que recuerda que su labor era estrictamente administrativa, en concreto velar por que los solicitantes de licencias aportaran documentación complementaria en casos de expedientes incompletos, pues la resolución final era competencia de la XII Zona de la Guardia Civil, con base en León.

En aquel, la Audiencia de Valladolid incidió en que el cazador no aportó documentación requerida para demostrar la idoneidad del armero que poseía en su casa, de ahí las gestiones emprendidas por el jefe de la Intervención de Armas para que subsanase dicha irregularidad, hasta el punto de presentarse incluso el día 6 septiembre de 2013 en casa del solicitante, provisto de una cámara de fotos, para tomar unas instantáneas del mismo.

El tribunal recogió en su fallo que el cazador no sólo negó la entrada al acusado sino que además rechazó realizar él mismo el reportaje fotográfico del armero con la cámara oficial. Fue finalmente la Abogacía del Estado, la que en abril de 2014 solicitó la entrada en el domicilio del solicitante de la renovación de la licencia de caza y se constató entonces las irregularidades que presentaba el armero.