El Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid ha condenado a un año de cárcel a una técnico de rayos del Hospital Clínico Universitario por la comisión de un error en el manejo de la máquina de radiodiagnóstico que provocó el día 17 de julio de 2019 la caída mortal sufrida por una paciente nonagenaria.

La sentencia de conformidad, tras el acuerdo de la condenada con las acusaciones pública y particular, considera a la técnico autora de un delito de homicidio por imprudencia grave y, junto con la referida pena privativa de libertad--las acusaciones pública y particular le pedían inicialmente dos años y dos años y medio de cárcel, respectivamente--, incluye la obligación de indemnizar a los familiares de la víctima con un total de 178.544,24 euros, suma de la que ha sido hallada responsable civil subsidiaria Segurcaixa Adeslas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La propia condenada, S.V.F, en su declaración en noviembre de 2019 en sede judicial, en la fase de instrucción, ya reconoció que el día en el que se disponía a realizar unas placas a la paciente, Felisa San José Cabero, de 93 años, accionó un botón cuyo funcionamiento desconocía y que recalibró la máquina de radiodiagnóstico, produciendo un movimiento no deseado de una parte del mecanismo en el que se encontraba apoyada la víctima, que al caer al suelo se propinó un fuerte golpe en la cabeza.

La declaración de la investigada fue corroborada por un celador que también prestó testimonio ante la juez de Instrucción 6 de Valladolid en la misma condición que la primera.

A la testifical de ambos investigados se suma el informe de autopsia en el que se constata que la muerte de Felisa San José es violenta, accidental, y que la causa de la misma tiene su origen en un traumatismo craneoencefálico que produjo un hematoma subdural agudo, lo que, unido a las afecciones que tenía la paciente, derivó en el fatal desenlace.

Un hijo de la víctima, José Francisco Esteban, reprochó en su momento la actitud de los responsables del Clínico Universitario de Valladolid al no haberse puesto en contacto con la familia desde que ocurrieron los hechos para pedir disculpas.

"¡NOS HA COSTADO 133 DÍAS!"

"¡Nos ha costado 133 días saber qué ocurrió aquel día, ya que sólo con la autopsia y hasta la declaración de los investigados, hemos podido tener certeza de lo que ya sospechábamos. Si nos hubieran llamado para dar explicaciones y unas disculpas, quizá no estaríamos ahora donde estamos!", lamentó en su día el hijo de la fallecida que ahora, una vez conocida la sentencia, se ha limitado a indicar a Europa Press que "por fin se ha hecho justicia".

Los hechos, que llevaron a la familia a presentar denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía, se produjeron en la madrugada del día 17 de julio de 2019, cuando Felisa se encontraba en el Clínico a donde había sido trasladada en ambulancia en torno a las 01.00 horas tras sufrir fatiga, algo que la familia atribuyó a una patología relacionada con retención de líquidos que ya había sufrido en otras ocasiones y que sólo había conllevado un tratamiento de un par de días.

Así, se procedió a su atención y a la práctica de varias pruebas diagnósticas, por lo que los familiares advirtieron de que la mujer tenía problemas de movilidad.

Sin embargo, en torno a las 04.00 horas, un neurólogo y un médico de guardia informaron a la familia de que había surgido un problema mientras se realizaba a la paciente una prueba en la sala de rayos, donde la anciana se les había caído en la camilla.

Como consecuencia de esta caída, recibió un fuerte golpe en la cabeza y en la espalda, con un derrame intracraneal de unos dos centímetros y varias vértebras afectadas.

Al día siguiente, a las 17.00 horas del 18 de julio, la mujer --que se encontraba ingresada en compañía de otro de sus hijos-- comenzó a perder el conocimiento y, tras el examen de un médico, se informó de que estaba en muy mal estado y que se debía dar aviso al resto de familiares dado que podía fallecer, algo que ocurrió en torno a las 19.30 horas, precisamente cuando uno de los hijos se encontraba en dependencias policiales para poner la denuncia ante la sospecha de que se hubiera podido producir una negligencia.

Ante esta situación, la familia, representada por el letrado Santiado Díez, de los servicios jurídicos de la asociación El Defensor del Paciente, solicitó un informe de las lesiones sufridas por su madre en el momento en el que se la asistía, algo que no ha facilitado el centro, que manifestó que se realizaría un parte que se remitiría a la autoridad judicial. Además, se pidió la práctica de una autopsia para determinar las causas de la muerte y si las lesiones que pudo sufrir fueron determinantes en el óbito.