Desde que este martes Vox anunciara que Javier Ortega Smith daba positivo al nuevo coronavirus Sars CoV-2, se supo que la todavía epidemia no respetaba tampoco a los políticos. Desde entonces, se han sucedido los positivos en este ámbito, desde la ex presidenta del Congreso, Ana Pastor, que lo confirmó el miércoles, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que lo hacía público este jueves por la mañana.
Ese día, 12 de marzo, se hacían públicos también los nuevos protocolos de Sanidad o, en otras palabras, las nuevas instrucciones de actuación ante una sospecha de padecer la infección. Además de otros cambios, uno era especialmente significativo y es el referido a quién se tenía que hacer las pruebas o más concretamente quién se podría denominar "caso en investigación" de COVID-19, la enfermedad que provoca el coronavirus.
Así, estas serían cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda, es decir, que desarrollara en un espacio breve de tiempo tos, fiebre o disnea o insuficiencia respiratoria pero que, además, cumpliera alguno de estos dos criterios epidemiológicos: residir o haber viajado a un área con evidencia de transmisión comunitaria o historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado.
Madrid se convertía, según ese nuevo protocolo, en zona de transmisión comunitaria, por lo que cualquiera que viviera en Madrid y tuviera un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda tenía derecho a hacerse la prueba del coronavirus.
Pero en el punto dos se establecía la diferencia clave. En aras de no contribuir al colapso de nuestro sistema sanitario, se establece que "en estas áreas no es necesario realizar diagnóstico de laboratorio a aquellos casos que cumplan el criterio A establecido en la definición, y quedarán clasificados como casos posibles".
¿Qué significa esto? Que lo que nuestras autoridades sanitarias recomiendan es que sólo pidan hacerse la pruebas las personas con síntomas graves que vivan en Madrid, La Rioja o dos localidades del País Vasco -La Bastida y Vitoria-. A ellos habría que hacérselas obligatoriamente, como sucedió con Irene Montero, que tenía fiebre.
Pero lo que los protocolos no recogen en absoluto es que se hagan las pruebas personas sin síntomas en Madrid, ni en cualquier otra zona. Tampoco si estos síntomas son leves."En las áreas en las que no se haya definido transmisión comunitaria se solicitarán pruebas diagnósticas a todos aquellos casos que cumplan la definición de caso en investigación. En las áreas en las que se haya establecido transmisión comunitaria no será necesario realizar diagnóstico de laboratorio a aquellos casos de infección respiratoria leve, especialmente en atención domiciliaria", explica el documento oficial.
Lo explica a EL ESPAÑOL el pediatra Aser García Rada, familiarizado con los protocolos de Sanidad: "No sería necesario, por tanto, que [alguien con síntomas leves] acudiera para hacerse una prueba de coronavirus, porque en esas zonas se sobreentiende que es posible que sea ese el diagnóstico y en la mayor parte de los casos cursa con síntomas leves, como cualquier resfriado. De esta forma, se descarga a los servicios sanitarios para que podamos centrar nuestros recursos y esfuerzos en atender a las personas que más lo necesitan".
Si esto es así para las personas con síntomas leves, más todavía lo es para quienes no tienen síntomas. Por esta razón, hacerle la prueba al pleno de ministros que compartió reunión con Irene Montero no tendría sentido a no ser que hubieran presentado síntomas y relativamente graves; no bastaría una ligera tos.
Lo mismo sucedería con los reyes de España Felipe VI y Letizia. Al menos ateniéndonos a la información disponible, ninguno de los dos presentaba síntomas, ni graves ni leves. Pero, según comunicaron, se sometieron al test "como medida de prevención indicada por las autoridades sanitarias".
Se trata por lo tanto, de un enorme contrasentido. Por un lado, y en todos sus documentos oficiales y comparecencias de sus responsables, se dice que no hay que hacerse la prueba sin síntomas ni con estos si son leves. Por el otro, la norma se relaja -o incluso se contradice- si los protagonistas pertenecen a la realeza al Gobierno o al Parlamento español -ahí se englobaría el test que se hizo Pablo Casado-.
Hay quien puede decir que es lógico que se la hayan hecho porque tanto los reyes como Casado han sido contacto de Ana Pastor y los ministros de Irene Montero. Sin embargo, esta recomendación no es válida si no va acompañada de síntomas pero, además, casi ninguno de ellos serían contactos estrechos, que el Ministerio de Sanidad define así: "Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar; Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros y los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba
síntomas y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos.
Todo esto ha llevado a varios sanitarios del supuesto trato de favor -sin evidencia científica- que se ha aplicado a reyes y políticos. Difícil llamar a la responsabilidad personal para no saturar nuestro sistema sanitarios -aunque es bastante plausible que Felipe y Letizia no tuviera que estar horas esperando a que les atendiera el teléfono designado por la Comunidad de Madrid para estos casos, 900102112- si nuestros líderes no predican con el ejemplo.