Doñana se asfixia pero sigue sin ser un tema político

¿Por qué todo el mundo habla estos días de Doñana?

Principalmente por acción de las organizaciones ecologistas que desde el pasado verano llevan subiendo el volumen de sus altavoces para alertar a la opinión pública sobre lo que han denominado como un punto de inflexión.

En una campaña internacional lanzada el pasado 15 de septiembre, WWF alertaba de que si el Gobierno no toma medidas urgentes antes del 1 de diciembre, la UNESCO podría colocar al Parque Nacional en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro.

Un lince ibérico liberado en Doñana en febrero de 2015. Marcelo del Pozo Reuters

EL ESPAÑOL ha analizado los últimos 20 años de intervenciones parlamentarias, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, para comprobar cuánto preocupa a nuestros representantes la degradación de uno de los ecosistemas más importantes de España, tanto por su valor ecológico como turístico.

Aznalcóllar y el Plan Hidrológico Nacional

La VI Legislatura, que comenzó en 1996 con la victoria de un joven José María Aznar, fue aquella en la que Doñana cobró un mayor protagonismo, tristemente debido al desastre de Aznalcóllar, ocurrido el 25 de abril de 1998. Entre esta fecha y el año 2000, se realizaron en el Parlamento hasta 55 menciones al parque de Doñana, en su mayoría de María Jesús Aramburu, diputada sevillana de Izquierda Unida.

Durante la segunda legislatura de Aznar, entre 2000 y 2004, las menciones a esta Reserva de la Biosfera en los debates parlamentarios bajaron a 34. En esta etapa, el Grupo Socialista fue el más incisivo gracias a los diputados onubenses Maite Camacho y Javier Barrero, que realizaron un 70% del total de preguntas sobre Doñana.

Con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, Doñana queda enmarcada en la polémica entre PP y PSOE por el Plan Hidrológico Nacional, aprobado por los primeros en 2001 y modificado por los segundos en 2005. En este contexto, las 28 intervenciones sobre el Parque Nacional realizadas en el Congreso de los Diputados durante la VIII Legislatura tuvieron principalmente el rostro de la popular María Teresa de Lara, que además de en el cumplimiento del plan Doñana 2005, hizo especial hincapié en la prevención de la gripe aviar, ya que en julio de 2006 apareció en un humedal de Álava el primer caso de esta enfermedad en España.

A partir de este momento, hace más o menos diez años, llega la crisis económica y Doñana desaparece de nuestras instituciones casi por completo.

Gas bajo los humedales

Durante la IX Legislatura, la última de Zapatero, el humedal onubense apenas es mencionado tres veces, las tres por parlamentarios del Partido Popular como Juan Carlos Lagares, quien elevó a la Cámara una petición para conocer cuánto habían costado las vacaciones del presidente del Gobierno en Doñana.

La llegada de Rajoy al Gobierno a finales de 2011 supuso el regreso del PSOE a la oposición, y por tanto, las preguntas relacionadas con Doñana crecieron. Pero no mucho, sólo hasta las 12 intervenciones.

En particular, el proyecto de Gas Natural y Unión Fenosa para emplear las bolsas de gas agotadas para inyectar y almacenar combustible provocó que Carlos Martínez Gorriarán (UPyD), Álvaro Sanz (Izquierda Plural) y Joan Baldoví (Grupo Mixto) sacaran el tema a colación en tres ocasiones distintas. Es más, durante la XI Legislatura, ese breve paréntesis entre enero y mayo de este año, el proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo de los humedales centró dos de las cuatro menciones a Doñana, una de Ciudadanos y otra de Equo-Podemos.

Por su parte, el senado sigue el camino de la Cámara Baja en cuanto a su tratamiento de la degradación de Doñana. En 1998 se produjo una frenética actividad -que alcanzó las 200 menciones al Parque Nacional- a consecuencia del desastre medioambiental causado por la empresa Boliden y sus lodos tóxicos. Pero una vez estuvo solucionado, las referencias a Doñana fueron desapareciendo.

Más allá del número, es interesante fijarse en la calidad de las intervenciones.

Cabe señalar que, aunque el Partido Socialista ha sido el que más menciones ha hecho a Doñana en las últimas dos legislaturas, ninguna de ellas hacía referencia al proyecto de Gas Natural Fenosa, compañía donde un ilustre miembro del partido como Felipe González ocupaba un cargo en el Consejo de Administración. Por el contrario, los socialistas han llevado al pleno asuntos como las obras en el Palacio de Doñana o los invitados que el ministro Arias Cañete llevó un fin de semana de abril de 2014.

Tanto para organizaciones ecologistas como para el Comité de Patrimonio de la UNESCO o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el principal problema de Doñana es que los humedales no reciben toda el agua que deberían. En concreto, reciben sólo un 20% a causa de, principalmente, el millar largo de pozos y las 3.000 hectáreas de cultivos ilegales -dedicados en gran parte a la agricultura de la fresa- o la canalización de los ríos que riegan Doñana, el Guadiamar y Guadalquivir.

La Comisión Europea abrió en octubre de 2015 un procedimiento sancionador contra España al considerar que las autoridades habían fallado "a la hora de tomar los pasos necesarios para prevenir la contaminación, el deterioro de los hábitats y la perturbación de la fauna aviar en la región". En aquella misma época, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir emitía su último informe sobre la situación de los acuíferos de Doñana. De los 18 sectores en que está dividido el parque, cinco estaban en prealerta, nueve en alerta y los otros cuatro en estado de alarma por la falta de agua.

Sin embargo, esta situación -que lleva prologándose durante años- apenas ha sido debatida por nuestros representantes electos. Tan sólo últimamente con la propuesta socialista de realizar un trasvase de 15 hectómetros cúbicos a Doñana desde la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, que WWF ha calificado de "falsa solución a la escasez de agua", "derrota de la Administración y la sociedad al no ser capaces de gestionar los recursos naturales de forma sostenible" o una "simple prórroga que agrava los problemas sociales y ambientales y crea otros nuevos".

En resumen, la desconexión entre los problemas reales de Doñana -a los que se une el proyecto de dragado del Guadalquivir para permitir la entrada de barcos mayores o la reapertura de la mina de Aznalcóllar impulsada por la Junta de Andalucía- y los que se debaten en el Parlamento y el Senado ponen a la mayor reserva biológica de Europa al borde de la asfixia.