Cinco agujeros en la teoría de la conspiración inmobiliaria sobre el incendio de Doñana

Los titulares ambiguos del pasado alimentan las conspiraciones del presente. Las noticias sobre los amaños en la empresa contratada para gestionar el escrutinio en tiempo real condujo a la teoría imposible, pero alentada por políticos, de que Indra podía haber manipulado los resultados electorales en beneficio del PP. Ahora, un titular de 2015, La nueva Ley de Montes permite recalificar áreas quemadas, sirve para arrojar suspicacias sobre el terrible incendio forestal de Moguer.

La ley fue aprobada en julio de 2015 por el rodillo de la mayoría absoluta del PP, con el único apoyo de UPyD y UPN. La tentación, por lo tanto, de fustigar al partido en el Gobierno como responsable unilateral de un desastre natural al incitar los desmanes del coco de la especulación inmobiliaria es grande. Sin embargo, no se corresponde con la realidad.

"En estos dos años no hemos visto un solo caso de recalificación de suelo quemado" - explica Raúl de la Calle, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. El motivo es que la legislación es mucho más compleja - y restrictiva - de lo que cabe en un tuit.

1) Solo se contempla en casos de Interés General

La polémica reside en el Artículo 50 de la Ley de Montes 21/2015, de 20 de julio. La normativa mantiene los estipulado por la anterior de 2003, que impide construir sobre terreno quemado en los 30 años posteriores al incendio y toda "actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal". Sin embargo, introduce el matiz de la discordia: "Las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley".

"Lo que indica ese epígrafe es que un gobierno autonómico solo puede actuar en un monte de utilidad pública", describe De la Calle. "Si quisieran cambiar la calificación del suelo tendría que ser en un caso excepcional, una medida justificada por el interés general". Y en ese caso no habría conspiración alguna. "Tendrían que pasar una ley, y nos enteraríamos todos". Sobrevuelan sospechas como la del incendio que permitió abaratar el terreno sobre el que se erige Terra Mítica. Pero aquello ocurrió antes de la Ley de 2003, y es un caso judicializado. Si alguien ha hecho otra cosa, es ilegal" - zanja el portavoz de los ingenieros forestales.

2) Doñana goza de una protección especial

El dato más dramático del incendio de Moguer, más allá de los 2.000 evacuados, es que el fuego ha penetrado en el Espacio Natural de Doñana. Se trata del territorio que abarca tanto el Parque Natural como el Parque Nacional, uno de los mayores humedales de Europa que se extiende por las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Sobre el área pesan protecciones específicas de carácter autonómico, nacional, europeo e incluso la consideración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. "El incendio no cambia nada de esto" - advierte De la Calle.

"Aunque se quemase el parque, las protecciones seguirían en vigor para la reforestación y la regeneración del espacio natural. Su valor ecológico no desaparece por el incendio". Concretamente, el suelo de un Parque Natural está excluido por ley de cualquier "urbanización o edificación", exceptuando las necesarias para el "cumplimiento del objetivo del parque". Si bien la última Ley de Parques Naturales introducía la posibilidad de urbanización, el PP terminó enmendando su propio texto para aclarar que solo aplicaba a los núcleos urbanos ya existentes en Monfragüe y Picos de Europa.

3) Gas Natural no gana nada con el incendio

Las suspicacias tienen por otro frente nombre y apellido: el Proyecto Marismas de Gas Natural Fenosa. Se trata de una docena de pozos que desde hace 30 años extraen hidrocarburos del Valle de Guadalquivir. Recientemente ha logrado la aprobación del Gobierno para extender sus operaciones a 4,5 hectáreas de la zona de Almonte, ante la oposición de los ecologistas y de la Junta de Andalucía por considerar que carece de garantías ecológicas.

¿No liberaría las manos al gigante energético que las protecciones medioambientales del entorno de Doñana se esfumaran con la ceniza? En absoluto, responde De la Calle, recuperando el argumento anterior de que el fuego no alteraría el valor ecológico de la zona. "Para ellos, ni quita ni resta". A ello se suma que el proyecto ya goza de la calificación de interés general. Y que un incendio es lo último que una operación de extracción de gas natural querría tener cerca.

4) Quemar para urbanizar no renta

¿Podría valer la pena, con todo, hacer arder Doñana para poner en su lugar un pelotazo como el parque de Terra Mítica (que, recordemos, está investigado como un caso de corrupción)?. Habría que preguntarse dónde estaría el beneficio de hacer desaparecer un paraje natural irremplazable que supone uno de los grandes atractivos turísticos de Andalucía por algo que podría construirse en cualquier otro lugar.

Pero no hace falta elucubrar, porque tenemos los porcentajes de incendios provocados con intención de provocar la recalificación del suelo. Son bajísimos: un 0,34% de los provocados entre 2001 y 2014, según el proyecto España en llamas de Civio. Lo cual no significa que el monte no arda por motivos económicos. "Más del 60% tienen detrás intereses ganaderos o agrícolas", revela De la Calle. La piromanía, tan frecuentemente citada, aplica a menos de un 6% de los casos.

5) Los propios ecologistas lo niegan

"Estamos radicalmente en contra de que se difundan estas barbaridades" - afirma con rotundidad el portavoz de los ingenieros de Montes. En el caso de los incendios y las recalificaciones, no hay fricción alguna entre la versión del Estado y la de las ONGs. La postura oficial de Greenpeace la daba Miguel Ángel Soto desde su cuenta de Twitter, y repetía lo dicho dos años atrás: no cabe vincular los incendios forestales con el artículo 50 de la Ley de Montes. 

"Mencionar el artículo 50 es desviar la atención sobre los problemas estructurales del monte y el origen del fuego" - escribe Soto, algo con lo que coincide De la Calle. Efectivamente, en 2016 el número de incendios descendió un 32% con respecto a la media de los últimos diez años. Pero, por otro lado, han sido más virulentos, quemando una mayor cantidad de hectáreas por cada foco.

El motivo es, paradójicamente, el aumento de la masa forestal en detrimento del desplome de la población rural y de los medios de prevención que no han crecido en consonancia. Esto, sumado a la tipología del aumento de olas de calor como la que provocó el trágico incendio de Pedrógão Grande en Portugal.