Las 8 claves de la nueva ley de residuos: de las pajitas de plástico a las jarras de agua en los bares
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley de residuos, la primera norma española que limitará los plásticos de un solo uso.
3 junio, 2020 02:07Noticias relacionadas
El consumo de plásticos de un solo uso, que parecía que vivía sus horas bajas antes de la pandemia del coronavirus, se ha incrementado durante esta crisis sanitaria de forma irremediable. Para evitar el riesgo de infección, en los últimos meses se han utilizado millones de productos de plástico desechables, como las mascarillas, los guantes o las bolsas de plástico. Pero, según alertan los ecologistas, es muy importante no bajar la guardia y evitar que una vez resuelta la crisis haya un mayor problema ambiental.
En este contexto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados que busca, entre otros objetivos, poner fin al uso abusivo de los plásticos de un solo uso que contaminan playas y mares de todo el mundo, y que da respuesta a las metas establecidas por la normativa europea.
Estas son algunas de las medidas de la futura ley que entra ahora en tramitación y que se espera que esté lista para 2021:
Adiós a las pajitas de plástico
Según el texto del anteproyecto, a partir del 3 de julio de 2021 se prohibirá la venta de productos de un solo uso como bastoncillos de algodón, cubiertos, platos, pajitas, agitadores de bebidas, palitos destinados a sujetar globos y los recipientes y vasos hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones. También se prohíbe el uso de cosméticos y detergentes que contengan microplásticos añadidos intencionadamente. La evidencia científica señala que estos diminutos trozos de plástico ya han ingresado al cuerpo humano a través de la cadena alimentaria. También se han encontrado en lugares remotos del Ártico.
Envases de comida para llevar
A partir del 1 de enero de 2023, quedará prohibida la distribución gratuita de envases de plástico y de un solo uso de comida para llevar o para consumir en los restaurantes. Entre ellos los vasos para bebidas, incluidos las tapas y tapones, y los recipientes para alimentos, como las cajas, con o sin tapa. Así, se cobrará un precio por cada envase que se entregue al consumidor y se deberá especificar en el ticket de venta. Además, se ha de reducir la distribución de estos envases progresivamente para alcanzar en 2030 una disminución del 70% respecto a 2022, así como el fomento de alternativas reutilizables o de otro material que no sea plástico.
Agua en el bar gratis
Con la entrada en vigor de la futura ley, los bares, restaurantes y cafeterías tendrán que ofrecer "siempre" a los clientes la posibilidad de consumir de agua del grifo de forma gratuita, lo que no impedirá que puedan vender agua embotellada en los establecimiento. Además, con el objetivo de reducir el consumo de botellas de agua de plástico, las administraciones públicas deberán instalar de fuentes de sus dependencias, como centros sanitarios y educativos.
Impuesto al plástico
El anteproyecto establece un nuevo impuesto para reducir los residuos plásticos. Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), este impuesto especial a los envases de plástico no reutilizables será de carácter indirecto y recaerá sobre la "fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de estos envases que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español".
El tipo impositivo será de 0,45 euros por kilogramo de envase. De acuerdo con la información del último año disponible (2017) sobre la cantidad de envases de plástico que España puso en el mercado, se estima una recaudación de cerca de 724 millones de euros.
Según apunta en nota de prensa el Miteco, esta nueva figura tributaria responde a las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea, que en numerosos informes ha señalado que España cuenta con margen de actuación en materia de fiscalidad verde. Según datos de 2017, España tiene el quinto porcentaje más bajo de ingresos medioambientales respecto al PIB de la UE. En concreto, los ingresos derivados de la fiscalidad verde supusieron apenas el 1,83% del PIB, frente a una media de la UE del 2,40% en 2017.
Recogida separada de botellas
La norma establece objetivos en dos fechas: en 2025 se deben recoger separadamente el 77% de las botellas de plástico introducidas en el mercado y el 90% en 2029. Sobre este asunto, el anteproyecto abre la puerta a los sistemas de depósito, devolución y retorno para envases de bebidas, aunque de momento no está claro si se implantará. A través de este sistema, los consumidores pagan una cantidad adicional al comercio en concepto de depósito que se les reembolsa al devolver el envase, un sistema que los grupos ecologistas en España demandan desde hace años.
Contra el desperdicio
La norma busca combatir la llamada obsolescencia programada a través de fomentar el diseño, la fabricación y el uso de productos que sean eficientes en el uso de recursos, duraderos, reparables, reutilizables y actualizables. En este sentido, se promoverá las actividades de reparación y reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos, textiles y muebles, envases y materiales y productos de construcción.
En esta línea, a partir de 2021 se prohibirá la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos, como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, entre otros.
La propuesta normativa también habla de medidas para reducir el desperdicio de alimentos en los hogares. En el caso de la industria alimentaria se habla de residuos que pueden tener una segunda vida y convertirse en subproducto, en este caso, para la fabricación de piensos.
Residuos municipales
Asimismo, el anteproyecto fija objetivos más ambiciosos de reutilización y reciclado de residuos municipales: en 2025, el 55% respecto de los residuos municipales generados; en 2030, el 60%, y en 2035, el 65%. Estas metas son las fijadas por la Unión Europea y España tiene que ponerse las pilas si quiere cumplir. Actualmente, según datos de Eurostat, en el país se reciclan un 36% de los residuos que se generan.
Para conseguirlo, la ley establece que el contenedor de la basura orgánica (que ya tienen algunas localidades) debe estar implantando a 31 de diciembre de 2021 en todos los municipios de más de 5.000 habitantes. Los pueblos más pequeños tiene de fecha límite el 31 de diciembre de 2023. Los textiles, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos, deberán recogerse de forma separada en 2025.
Otra novedad de la norma es que los productores de residuos, por ejemplo las empresas que venden sus alimentos envasados en el supermercado, deberán declarar cuánto envases ponen en el mercado para saber efectivamente cuántos son recuperados.
Multas
La ley también revisa las sanciones por el abandono de basura en la naturaleza y la gestión de residuos peligrosos en el país. Las multas contempladas van desde 50.001 hasta 2.000.000 euros.