La producción de la ingente cantidad de alimentos que requiere la población mundial tiene un impacto en el medio ambiente. Diferentes instituciones, organizaciones y expertos proponen aplicar un impuesto a ciertos productos para compensar este efecto negativo.
En el año 2018, un estudio publicado en Science presentaba las claves para "reducir los impactos ambientales de los alimentos a través de productores y consumidores".
El trabajo revela cómo los productos animales, como la carne, los lácteos y el pescado de piscifactoría, son los alimentos que generan más emisiones contaminantes al medio ambiente.
Los autores (Joseph Poore, de la Universidad de Oxford, y Thomas Necemk, del centro suizo Agroscope) proponen emplear las nuevas tecnologías (como los móviles) para monitorizar diferentes variables de su cadena de producción, como las relacionadas con el uso de agua, suelo y emisiones. Aportarían información para aumentar la productividad y reducir su impacto en el medio ambiente.
Por su parte, el cultivo de la soja también tiene gran impacto ambiental: está ligado a la degradación de los suelos, la contaminación de ríos y acuíferos y la deforestación.
La plantación de soja está experimentando un crecimiento imparable. Su incremento está relacionado con su uso en la fabricación de pienso para animales destinados a la producción de leche, huevos y carne, entre otros bienes.
El cultivo intensivo de soja amenaza con la desaparición de bosques y de la biodiversidad para abrir paso a la necesidad urgente de la expansión de la industria de la alimentación cárnica y láctea en el mundo.
Además de los anteriores, hay otros productos que consumimos habitualmente que también tiene un impacto en el medio ambiente. Por ejemplo, un informe de la cervecera New Belgium Brewing Company del año 2007 sostiene que la huella de carbono de un paquete de 6 botellas de vidrio es similar a la que producida por un coche en 12 kilómetros.
Advertencia del IPCC
Un año más tarde, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas publicó un informe sobre el uso de la tierra firmado por más de 100 científicos. El documento advertía del elevado consumo de carne vacuna y productos lácteos, que de forma indirecta afecta al cambio climático.
Según la FAO, la ganadería (sobre todo la intensiva) es la responsable del 14,5 % de los gases contaminantes emitidos anualmente por fuentes antropogénicas. De ellos, el 44 % corresponde al gas metano. Por eso se sugiere que se incluya este impacto ambiental en el precio de los alimentos.
El desperdicio de alimentos también está relacionado con su impacto ambiental y, por ende, con la emisión de gases de efecto invernadero. Según datos de la FAO, el desperdicio alimentario supone la pérdida de 730 millones de euros al año y provoca el 8 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Los Lunes sin carne
El movimiento Lunes sin carne (Meatless Monday), nacido en 1918 fruto de la escasez de alimentos en la Primera Guerra Mundial, se reactivó en el año 2003. Los motivos actuales de esta iniciativa están relacionados con el cuidado del medio ambiente y el bienestar animal.
La Organización Mundial de la Salud anunció en el año 2015 que el exceso del consumo de carne, en especial la procesada, puede derivar en problemas de salud. El objetivo era fomentar la reducción de su consumo y la elección de productos cárnicos de calidad.
Pero el problema también repercute en la contaminación. La carne es responsable del 30 % de la huella de carbono de los hogares.
El impuesto a la carne
En el mes de febrero de 2020 una coalición de organizaciones holandesas presentó en el Parlamento Europeo una propuesta de impuesto a la carne.
El objetivo que se persigue es corregir el impacto medioambiental y, de modo indirecto, concienciar a los consumidores para que adopten una alimentación sostenible.
Según declaró a la Agencia EFE Jeroom Remmers, director de True Animal Protein Price (TAPP), una fundación sin ánimo de lucro que incluye a organizaciones ecologistas, de salud y agrícolas "la idea es aumentar el precio de la carne en toda la UE para que refleje su impacto ambiental, derivado de las emisiones de CO₂ y de la pérdida de biodiversidad".
Esta propuesta de tasa podría comenzar a implementarse en el 2022 de modo progresivo hasta conseguir en 2030 una recaudación de ingresos anuales de 32.000 millones de euros en la UE. Estos irían destinados a explotaciones con prácticas sostenibles y a ayudar a las familias con escasos recursos.
Pero el proyecto no se ha aprobado todavía. La TAPP pide que se aplique de inmediato, aunque el tipo impositivo sea casi nulo para poder concienciar así tanto al sector cárnico como a los consumidores.
La portavoz de la Comisión Europea ha declarado que la CE "no tiene ninguna intención por el momento de proponer un impuesto armonizado sobre la carne a nivel de la UE". No obstante, cada Estado miembro podría aplicar este impuesto en su territorio.
El año 2050 está fijado como meta de la neutralidad en carbono fruto del Pacto Verde europeo. Se estima que con la aprobación de este impuesto se evitaría la emisión de 120 millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera cada año hasta 2050. Debido a la subida del precio de la carne, se crearía un efecto disuasorio en el consumo.
Conclusiones
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Poner el foco en la creación de un impuesto a los alimentos con más impacto ambiental –no solo a la carne, también a otros productos como los lácteos, la soja y el pescado de piscifactoría– reduciría la emisión de gases CO₂ a la atmósfera.
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La tasa podría equipararse a otras medidas ya conocidas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, comúnmente llamado impuesto de circulación, que bonifica a los vehículos híbridos y eléctricos por su baja o nula emisión de gases CO₂ a la atmósfera.
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Este impuesto debería aplicarse en proporción a la contaminación: los alimentos cárnicos y lácteos serán los que han de tener un tipo impositivo más elevado, mientras que los más sostenibles podrían estar exentos.
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Las industrias cárnicas y lácteas, entre otras, son las que deben pagar por sus altas emisiones de CO₂. De adoptarse dicha medida, quien realmente lo pagaría es el consumidor, hasta provocar una caída del consumo, salvo que se reduzca la "huella climática" en el sector.
Carlos David Aguilar Segado, PDI del Área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga, Universidad de Málaga
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.