Sentencia histórica: la condena a Francia por inacción climática envía una advertencia a España

La justicia francesa ha condenado este miércoles a la Administración del Estado por incumplir sus propios compromisos, tanto los internacionales como los nacionales, en materia de lucha contra el cambio climático. El Tribunal Administrativo de París reconoció que el Estado es "responsable de la inacción climática" y le impuso el pago de un euro simbólico a cada una de las cuatro ONG que le habían demandado: Greenpeace, Notre Affaire à Tous, la Fundación Hulot por la Naturaleza y el Hombre, y Oxfam Francia.

Pero más importante que esa indemnización por el "perjuicio moral" a esas asociaciones, se dio un plazo de dos meses para examinar de qué forma obliga al Gobierno a tomar medidas para corregir esa inacción, destacó a Efe una portavoz de Greenpeace. Le podría obligar de dos formas, con multas para compensar los daños con dinero o con una serie de objetivos que debería alcanzar en plazos prefijados, que es la opción preferida por los demandantes, respaldados por 2,3 millones de firmas.

De hecho, en la audiencia que se celebró el 14 de enero, habían insistido en que la Administración no cumplía algunos textos jurídicos en los que asumió compromisos para hacer frente al calentamiento global, en particular los Acuerdos de París y la Estrategia Nacional de Bajo Carbono sobre la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). "La idea general es que el Gobierno tome medidas rápidas y fuertes para reducir las emisiones de CO2", señaló la portavoz de Greenpeace.

El 'caso del siglo'

La iniciativa de lo que los promotores han bautizado como "el caso del siglo" comenzó en diciembre de 2018 cuando las cuatro ONG enviaron una carta a varios ministros para criticar la inacción de la Administración y reclamar una reparación por los daños causados con esa actitud. Ante la falta de respuesta satisfactoria, en marzo de 2019 llevaron el procedimiento ante la Justicia con la presentación de un contencioso ante el Tribunal Administrativo de París, que puso en marcha una instrucción.

El Gobierno rechazó en el proceso las acusaciones y subrayó que con su ley sobre la energía y el clima de 2019 ha reforzado los objetivos y se ha fijado como meta un descenso del 40 % del consumo de energías fósiles de aquí a 2030 y llegar a la neutralidad de carbono en 2050. En un vídeo colgado en las redes sociales tras conocerse el dictamen, varios famosos que apoyan la plataforma, como las actrices Marion Cotillard o Juliette Binoche, se felicitan de su éxito.

El exministro francés de Ecología Nicolas Hulot, cuya fundación es uno de los cuatro denunciantes, destacó que la sentencia "es la victoria de los que entienden la urgencia de la crisis" climática.

Mientras, en España

En España, las organizaciones Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón iniciaron el pasado mes de septiembre un litigio contra el Gobierno español por inacción ante el cambio climático que se encuentra en manos del Tribunal Supremo. 

Tras la sentencia de la justicia francesa, estas organizaciones han señalado que supone un aviso para el resto de Gobiernos europeos que, como el de España, enfrentan demandas por esta causa.

"La sentencia francesa envía un mensaje muy claro al Gobierno de España y al resto de Gobiernos europeos: la inacción ante el cambio climático es ilegal. La justicia se ha situado del lado de quienes llevan décadas luchando contra el cambio climático y en favor de los derechos humanos", ha declarado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de las tres organizaciones.

"Por eso, mientras el Gobierno de España siga sin reducir las emisiones de CO2 de acuerdo con las recomendaciones científicas, para limitar el aumento de la temperatura global en 1,5 ºC como máximo, seguiremos acudiendo a los tribunales. No estamos hablando de fríos números, sino de las consecuencias devastadoras que el aumento global de la temperatura puede tener para la vida y la salud de las generaciones presentes y futuras".

Hasta el momento, más de 55 organizaciones, movimientos y plataformas de todo el territorio nacional se han sumado a la demanda. En paralelo, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón continúan recabando adhesiones ciudadanas y ya cuentan con el apoyo de más de 37.000 personas.