Los continuos atentados cometidos contra el medioambiente tendrán sus consecuencias. Así lo afirmaba el borrador del último informe de Naciones Unidas sobre cambio climático, que culpaba a la actividad humana como la responsable del aumento de temperaturas a nivel global y los resultados catastróficos que se experimentarán en las próximas décadas.
A pesar de que hay daños irreversibles, los científicos que han participado en el informe subrayan la posibilidad de mitigar los efectos del cambio climático. Lo que ha ocurrido esta semana en Estados Unidos puede ser un ejemplo de cómo proteger el medioambiente, y es que una jueza federal rechazó este miércoles la aprobación de un importante proyecto petrolífero de miles de millones de dólares en Alaska: no se había evaluado correctamente el impacto medioambiental de la iniciativa.
Se trata del proyecto Willow de la empresa ConocoPhillips (COP) que iba a llevarse a cabo en la reserva petrolera federal de North Slope (Alaska). Tanto la administración de Trump como la de Biden respaldaban esta iniciativa que planteaba extraer 160.000 barriles de crudo diarios durante 30 años. Para ello, se iban a hacer necesarias unas perforaciones en el permafrost, la capa de hielo permanente que cubre aproximadamente el 80% del estado norteamericano.
Como recoge The Washington Post, la jueza Sharon Gleason falló que tanto la Oficina de Gestión de Tierras como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos habían aprobado incorrectamente el proyecto porque no analizaron adecuadamente su impacto climático y otros posibles planes de desarrollo, además de que tampoco especificaron cómo se protegería a la población de osos polares. Asegura que la gran operación no cumple los requisitos establecidos por dos leyes históricas en términos medioambientales: la Ley Nacional de Política Ambiental y la Ley de Protección Ambiental.
Una decisión que supone un varapalo para la delegación del Congreso y la industria de Alaska, porque el proyecto había sido promocionado como una fuente de ingresos y creación de empleo en la zona. De hecho, el gobernador republicano Mike Dunleavy criticó la decisión el miércoles por la noche, diciendo que ponía en riesgo miles de potenciales puestos de trabajo. Un proyecto que fue aprobado en un inicio por la administración del ex presidente Donald Trump.
Desde entonces, se han alzado multitud de voces contrarias por el impacto medioambiental que tendría la iniciativa. Voces a las que ahora se une la de la jueza Gleason que, entre otros aspectos, resalta que la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) se basó en un antiguo modelo de un proyecto que ya había sido rechazado para estimar las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la extracción petrolífera.
Pero además, el plan de perforación de la empresa ConocoPhillips, según recoge la prensa norteamericana, implicaba la construcción de múltiples torres de perforación, una instalación de procesamiento, una mina de grava y cientos de kilómetros de caminos y tuberías en la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska, la mayor extensión de terreno público del país. Un lugar que está ubicado cerca de Nuiqsut, una comunidad indígena donde los residentes tradicionalmente cazan caribúes migratorios y que, con la aprobación del proyecto, habrían visto afectados sus intereses.
No obstante, después de que esta operación de extracción de petróleo fuera cuestionada en los tribunales, a principios de año, el Departamento de Interior siguió defendiéndola. Ahora, la decisión de la jueza pone en jaque la posibilidad de que el proyecto siga adelante.
En este sentido, Bridget Psarianos, abogada de la organización Trustees for Alaska, declaró a The Washington Post que espera que la administración de Biden "aproveche esta oportunidad para participar realmente en un proceso que cumpla con la ley y honre las promesas de la campaña sobre tomar decisiones basadas en la ciencia y la protección de la biodiversidad".