La tarea inabarcable de vigilar el entorno agrícola del Mar Menor: a 1.315 hectáreas por inspector

La superficie potencialmente cultivable en la Comarca del Campo de Cartagena creció un 25% de 2016 a 2021. En la práctica, según datos de Coag, eso supone que en el último lustro en el entorno del Mar Menor se ha pasado de disponer de 40.000 hectáreas cultivables a más de 50.000 y para supervisar superficies de riego, pozos y desalobradoras, solo se dispone de 38 inspectores: 18 de la Confederación Hidrográfica del Segura y 20 de la Consejería de Agricultura. 

Haciendo una simple división se pone de manifiesto que resulta inabarcable la labor fiscalizadora en el Campo de Cartagena: cada inspector toca a la friolera de 1.315 hectáreas potencialmente cultivables. Y todo ello, en una comarca que está en la diana de la crisis ambiental del Mar Menor, como foco emisor de nitratos y fosfatos a través de una actividad esencial como es la agricultura.

En Coag aclaran que esas 50.000 hectáreas de la comarca cartagenera ni de lejos están en producción en su totalidad y las que lo están, ni se riegan ni se cultivan a la misma vez: van rotando. La única excepción son 12.000 hectáreas de cítricos que producen todo el año. Los datos de la organización agraria son correctos, ya que un informe facilitado al Ministerio para la Transición Ecológica recoge que la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena tenía en agosto 13.865 hectáreas de superficie productiva.

La otra cara de la moneda de ese informe de agosto, es el dato de la superficie que se explota por agricultores en el entorno de la albufera, a pesar de que carecen de autorización para el riego. La cifra de hectáreas agrícolas ilegales con expediente sancionador asciende a 7.862, de las que 4.332 cuentan con resolución de multa y 3.530 están en trámite.

Ecologistas en Acción ha aprovechado la manifestación que este jueves se celebra en Murcia, con el objetivo de exigir soluciones a la crisis ambiental del Mar Menor, y ha realizado una performance en la víspera de esa protesta para denunciar el alto contenido de nutrientes procedentes de abonos agrícolas que presenta el ecosistema de la albufera. Para ello zarparon con el velero Diosa Maat y plantaron lechugas hidropónicas en aguas marmenorenses -frente a la Isla Perdiguera-.

Las lechugas hidropónicas 'plantadas' frente a la Isla de la Perdiguera. E. A.

Elevar la cifra de inspectores

"Los mismos abonos que hacen crecer las algas del fitoplancton y que han convertido el Mar Menor en una sopa verde, son los utilizados para el cultivo intensivo", según ha denunciado la ecologista Sara Acuña. "Informes científicos, como el del Instituto Español de Oceanografía, publicado en septiembre, establecen que los nutrientes presentes en la laguna salada son principalmente de origen agrícola, usados para producir de forma industrializada verduras y hortalizas en el Campo de Cartagena".

La organización ecologista reclama a las administarciones recuperar la red natural de ramblas y zonas inundables para contrarrestar la distribución de las explotaciones agrícolas que, según Sara Acuña, "dibuja inmensas fincas de decenas o cientos de hectáreas allanadas, con el objetivo de evacuar el agua de lluvia con rapidez. Este diseño propicia el aumento de las escorrentías, así como su capacidad de erosionar y arrastrar tierras de cultivo cargadas de nitratos y fosfatos al Mar Menor". 

En la Consejería de Agricultura son conscientes de la dificultad que entraña supervisar la actividad agrícola en la comarca cartagenera debido a su extensión: abarca siete localidades. Por ese motivo, el titular de ese departamento, Antonio Luengo, ha anunciado que incrementará de 20 a 23 el número de inspectores autonómicos a pie de explotación: "En el trienio 2022-2024 elevaremos a 500 la cifra de inspecciones que realizaremos en más de diez mil hectáreas".

Luengo también "agilizará la tramitación de los expedientes sancionadores" contra aquellos que incumplen la ley de Aguas y la ley del Mar Menor. Para ello próximamente incorporará a su departamente ocho efectivos para reforzar la parcela jurídica y administrativa. En la actualidad, la Consejería tramita 202 expedientes contra dueños de fincas que carecen de derechos de agua y que pueden enfrentarse a multas de hasta 50.000 euros.

Desde la Consejería de Agricultura echan en falta un mayor control de la Confederación Hidrográfica del Segura: "Hemos comprobando que hay parcelas sin derecho de riego, sancionadas por la CHS, que siguen regando y la Confederación debería garantizar que no ocurriese". 

Una explotación agrícola del Campo de Cartagena en el entorno mamenorense. Pacto por el Mar Menor

No hay que criminalizar el campo

Viente Carrión, presidente de Coag en Cartagena, defiende la importancia de la actividad agrícola para la economía, el empleo y el abastecimiento de los hogares: "Criminalizar la agricultura no es la solución para el Mar Menor, este sector es una parte imprescindible para solucionar el problema ambiental porque aprovecha todas las aguas residuales de las poblaciones que hay alrededor de la albufera: si dejamos de producir, tendríamos un problema con ese agua".

Carrión recuerda que los ciclos de cultivos hortícolas -lechugas, brócoli, coliflor, escarola y alcachofa- se han reducido a la mitad en el entorno marmenorene: "Desde 2020 pasamos de dos ciclos anuales a uno".

A pie de explotación también han reducido el uso de fertilizantes para cumplir la normativa vigente. El dirigente agrario reclama al Gobierno de España que "ponga en marcha las medidas que desde agosto le reclama el Ejecutivo regional": la construcción del colector norte para atajar los vertidos diarios de 5.857 kilos de nutrientes a través de la Rambla del Albujón y el dragado de la Gola de Marchamalo para oxigenar con agua del Mediterráneo el Mar Menor.

Manifestación en Murcia

Carrión considera que no aporta nada la protesta de este jueves, a las 19 horas, en Murcia, donde 185 organizaciones sociales, ambientales, vecinales y sindicales se manifestarán para exigir una solución al Mar Menor. El dirigente de Coag justifica su postura por dos motivos. El primero: "Con una manifestación no se soluciona nada, lo que hace falta es que las administraciones se pongan a trabajar". Y el segundo: "Es una convocatoria política".

Tal crítica ya la realizó este lunes el consejero de Agricultura, Antono Luengo, al avanzar que no acudirá a la protesta porque tiene una finalidad política: señalar al Gobierno regional como culpable del delicado estado del ecosistema de la albufera.

Precisamente, por ese motivo las diez asociaciones y plataformas ecologistas que promueven la manifestación han lanzado este mensaje a los grupos parlamentarios: "Pedimos a los partidos políticos que den un paso atrás, que respeten el carácter puramente ciudadano de la manifestación, y que acudan a título individual sin exhibir siglas de partidos políticos".