La pasada noche, el estado de Arkansas aplicó la inyección letal a dos condenados a muerte, Jack Jones y Marcel Williams. Es la primera vez en 17 años que dos personas son ejecutadas el mismo día en EEUU, y la razón es que al estado le quedan apenas cinco días hasta que el midazolam, un medicamento anestésico, del que disponen caduque el próximo 30 de abril. El próximo día 27 pasará por el cadalso Kenneth Williams.
Tras la ejecución de Leddell Lee el pasado día 20 -primera en Arkansas desde 2005- y las dos de anoche, este mes estaban previstas también las ejecuciones de Bruce Ward, Don Davis, Stacy Johnson y Jason McGehee, pero sus abogados lograron aplazamientos y, debido a la caducidad del fármaco, se desconoce si estos convictos llegarán a pasar por el patíbulo.
Jack Jones y Marcel Williams, los dos presos ejecutados.
El midazolam es una de las tres patas del cóctel de fármacos que se administra a los condenados a la pena capital. La estructura de este cóctel -que se aplica en tres pasos- se ha mantenido invariable durante generaciones, pero no así sus ingredientes.
Receta para matar (legalmente) a una persona
1) Un anestésico para dejar al condenado inconsciente.
2) Un bloqueante neuromuscular que sirva para paralizar todos sus músculos salvo el corazón.
3) Cloruro de potasio para provocar una parada cardíaca fulminante.
Los dos últimos ingredientes son los más recurrentes desde hace décadas. En el caso del bloqueante, actualmente se utiliza bromuro de vecuronio, un compuesto derivado del famoso curare con que los jíbaros impregnaban sus flechas.
El gran problema está en el sedante que se aplica al reo para que pierda la consciencia. Tradicionalmente se utilizaba el tiopentato de sodio o pentotal, un barbitúrico de acción casi inmediata.
Durante años, Estados Unidos importó este sedante desde Italia, donde la multinacional farmacéutica Hospira tenía la fábrica. Pero a finales de 2011, siguiendo la iniciativa de la matriz italiana de la empresa, la Unión Europea prohibió la exportación de fármacos que pudieran estar destinados a la pena capital. Ahí comenzaron los problemas de muchos estados para, primero, comprar todo el pentatol que fuera posible, y segundo, emplearlo antes de que caducara 18 meses más tarde.
Antes del midazolam, el principal candidato como sustituto del tiopentato de sodio fue el propofol. Pero emplearlo en las salas de ejecución equivalía automáticamente a prescindir de él en los quirófanos, ya que el 90% del propofol empleado en EEUU procede de Europa. Por ello, una caja de viales de Diprivam -una solución con propofol- enviados por error en 2014 al correccional de Bonne Terre, Luisiana, estuvo a punto de provocar una catástrofe sanitaria.
Se fabrica en Barcelona
Uno de los fabricantes europeos de midazolam, B. Braun, producía tanto este medicamento como el propofol en su planta de Rubí, Barcelona, pero cesaron la exportación a Estados Unidos poco después de que el estado de Florida lo utilizara por primera vez en 2013 dentro de un cóctel para ejecutar al violador William Happ.
El problema del midazolam es que no es un sedante tan potente como el pentotal, lo que ha provocado que muchos condenados siguieran moviéndose varios minutos después de la administración de la primera inyección. Esto ha provocado muchos problemas legales y una base para que los abogados aplazaran varias ejecuciones, ya que -aunque hablamos de la pena de muerte- la crueldad excesiva en el castigo o tratar a los reclusos de forma desigual está censurado por las enmiendas 8ª y 14ª de la Constitución. Es decir, aunque la pena capital sea legal en 31 estados, éstos están obligados a practicarla con el máximo respeto hacia los condenados.
Durante la ejecución de Jack Jones el pasado lunes por la noche, el abogado del recluso protestó que, minutos después de la inyección de midazolam, su cliente seguía moviendo los labios tratando de cazar una última bocanada de aire.
Esto provocó que la ejecución de Marcel Williams fuera temporalmente suspendida por un juez después de que sus abogados dijeran que la ejecución de Jones fue "inhumana debido a un procedimiento defectuoso". Sin embargo, una hora y quince minutos después, la decisión fue revocada y Williams fue conducido al corredor de la muerte.
Según publicó el Washington Post, Arkansas logró obtener su midazolam en 2015, días después de que el Tribunal Supremo ratificara su uso (por cinco votos contra cuatro) para la inyección letal en Oklahoma. Sin embargo, las leyes de confidencialidad del estado impiden al público saber dónde se obtuvieron estos fármacos, cuánto costaron o de qué stock disponían.
¿De dónde salió el midazolam?
Precisamente en marzo de 2015, la farmacéutica Akorn, con sede en Chicago, escribió una carta a la oficina del fiscal de varios estados solicitando que devolvieran todos los suministros de fármacos que pudieran ser empleados en la pena de muerte. Muy concretamente, se refería a sus viales de 50 miligramos de midazolam.
Viales de solución inyectable de midazolam.
Según publicó el Chicago Tribune, uno de los fiscales que recibió esta carta fue el de Arkansas.
Desde entonces, los estados han optado por diferentes estrategias para lidiar con la falta de suministro de medicamentos para el cóctel final. Mientras Connecticut y Delaware la han prohibido definitivamente en estos últimos años, Oklahoma ha aprobado el regreso de la cámara de gas, Virginia o Tennessee han recuperado la silla eléctrica y Utah el pelotón de fusilamiento.
La situación ha llegado a límites tan surrealistas que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) tiene retenidos dos cargamentos de 1.000 viales de tiopentato de sodio que Texas y Arizona trataron de introducir ilegalmente en el país desde India en 2015. Un tercer cargamento de 1.000 viales solicitado por el estado de Nebraska fue retenido en un aeropuerto indio ya que no tenían la autorización de la FDA para introducir el pentotal en el país norteamericano.
En enero, el Departamento de Justicia Criminal texano demandó a la FDA para desbloquear la situación. El pasado 20 de abril, la agencia tomó finalmente una decisión: el pentotal debe abandonar los Estados Unidos o ser destruido antes de 90 días.