El polémico 'impuesto Coca-Cola' que no convence a casi nadie

Ha tardado pero por fin entra en vigor. La puesta en marcha del impuesto sobre bebidas azucaradas -también conocida como tasa Coca-Cola precisamente en la tierra de origen de la máxima responsable de su embotelladora, la empresaria catalana Sol Daurella, hará que, a partir de este lunes, adquirir un refresco con azúcar en esta comunidad autónoma sea más caro que en cualquier otro punto de la geografía española. El Parlament de Cataluña aprobó el pasado 26 de abril el decreto ley del Govern que permitía este paso, que se posponía desde la fecha propuesta inicial, el 1 de abril, a un mes después. A nivel nacional, se amagó con instaurar un impuesto al azúcar que finalmente no ha salido adelante en los presupuestos. 

Se trata de una medida que el Govern engloba en una filosofía: la de recoger la inquietud en torno al aumento de la obesidad y aplicar las medidas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en un documento sobre políticas fiscales para la dieta y prevención de las enfermedades no comunicables. 

El problema -según explica a EL ESPAÑOL el dietista y nutricionista Juan Revenga- es que el impuesto aprobado en Cataluña se queda muy corto con respecto a lo que la OMS considera el mínimo aceptable para conseguir el objetivo final: que se consuman menos de estas bebidas, cuya asociación con la obesidad y las enfermedades asociadas está más que demostrada. 

Poca cantidad

Mientras que la OMS afirmaba que el precio de estos refrescos debía de incrementarse un 20%, en el caso catalán no se llega a esta cifra. En bebidas con un contenido de azúcar entre 5 y 8 gramos por 100 mililitros el tipo de gravamen es de 0,08 euros por litro y en las que tienen más de 8 gramos por 100 mililitros, como las versiones no light de los refrescos más conocidos, de 0,12 euros por litro. 

A efectos prácticos, esto supondría un aumento del precio de entre el 6,86% en el caso de que se adquiera una lata de 330 mililitros -tomando como referencia el coste de una lata de Coca-Cola en el supermercado Día- y el 16,66%, si se aplica en una botella de dos litros de la misma marca en dicho comercio. El montante se triplica en la versión de dos litros de la marca blanca de un refresco de cola de la misma tienda. 

La diputada de Junts pel Sí Anna Caula comenta a EL ESPAÑOL que la cantidad, que ella juzga más cercana a lo pedido por la OMS- no es tan importante, sino que se trata de transmitir que las bebidas azucaradas son productos sujetos a impuestos indirectos "como el alcohol y el tabaco". "Se trata de que la gente esté concienciada de los peligros del abuso del azúcar". 

Para Revenga, se trata de una medida totalmente ineficaz no sólo por la cantidad del gravamen -más elevada en países como Reino Unido o México- sino porque no se ve acompañada de otras recomendadas por la OMS, especialmente el subsidio de productos saludables; es decir, que al mismo tiempo que se encarecen estas bebidas se abaraten o se hagan más asequibles productos como la fruta o la verdura frescas, por poner sólo un ejemplo. ¿Y no es mejor esto, aunque sea poco y mal, que nada? Revenga responde con una clara metáfora: "Si te caes de un barco en el agua, te da igual ahogarte a un kilómetro de la costa que a 100 metros". En términos de salud pública, afirma este experto, la medida no sirve para nada. "Nadie va a dejar de consumir refrescos por esto", arguye. 

¿Afán recaudatorio?

Entonces, ¿qué hay detrás de este polémico impuesto? Aunque probablemente sea la única vez en la vida que esto ocurra, Revenga piensa aquí lo mismo que Coca-Cola o,mejor dicho, que la patronal que la engloba, la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA): que detrás de esta medida hay un "mero afán recaudatorio". "Han aprovechado el tirón con la excusa de la salud pública", subraya el dietista. 

Es el mismo argumento del Partido Socialista de Cataluña (PSC), que votó en contra de retrasar la aplicación a mayo pero a favor del impuesto -porque estaba incluido en la Ley de Medidas Fiscales y Financieras y no hubo debate específico-. Según explica a EL ESPAÑOL su diputada Alicia Romero, el hecho de que haya muchas dudas con respecto a la aplicación y las prisas y la falta de rigor, hacen también sospechar de un afán recaudatorio. 

Romero reconoce que son "críticos" con respecto a esta medida, porque el plan contra la obesidad debería ser "más ambicioso". "Hay más alimentos que tienen incluso más azúcar", sostiene. De nuevo, Revenga está de acuerdo. "¿Por qué se va a perseguir a los violadores y no a los atracadores de bancos?", comenta y resalta que hay "muchas presiones de la industria". "¿Por qué no gravar las galletas Oreo, que tienen un 41% de azúcar?", se pregunta. 

La diputada de Junts pel Sí reconoce que "hay que trabajar en esta línea" y fomentar la alimentación saludable, aunque es algo que se hará con independencia de este impuesto, que ella sí cree que servirá para concienciar a la ciudadanía. 

Es una visión mucho más optimista que la de Revenga, que vaticina que, en unos años, Coca-Cola -y empresas similares- se alegrará de su puesta en vigor. "Cuando se hagan estudios se demostrará que no ha servido para nada en términos de salud pública y esto se convertirá en un arma arrojadiza", explica y concluye: "Todo esto tendría que formar parte de un posicionamiento político general".