Un "regalo envenenado". Así define Luisa Lores, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la donación de 17 millones de euros que la Fundación Amancio Ortega ha destinado al Servicio Gallego de Salud, parte de los de los 320 millones de euros que la entidad decidió donar a distintas comunidades autónomas para adquirir equipamiento para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, como mamógrafos o equipos de radioterapia.

A través de su fundación homónima, Ortega lleva varios años haciendo aportaciones altruistas dedicadas a mejorar la tecnología de los centros hospitalarios del sistema de salud español. Andalucía, Cataluña, Aragón, Canarias y País Vasco han sido algunas de la comunidades autónomas que se han visto beneficiadas por estas donaciones.

Sin embargo, no todos los sanitarios lo aprueban. Algunos de ellos, miembros todos de las asociaciones regionales de la FADSP, los rechazan tajantemente con motivos que varían y que incluyen que no se pueda escoger la finalidad de las donaciones y otros mucho más llamativos, como que si Ortega está preocupado por la salud, debería mejorar las condiciones de las personas que elaboran la ropa de su marca en países asiáticos. En EL ESPAÑOL hablamos con quiénes están detrás de estas palabras, incomprensibles para muchas personas que han criticado este posicionamiento. 

Médica y exdiputada de IU en Aragón

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragon (ADSPA), presidida por Carmen Sánchez Bellido, neumóloga en el hospital Royo Villanova de Zaragoza, exdiputada de Izquierda Unida en el Parlamento de Aragón y autora del libro La contrareforma sanitaria. Análisis y alternativas a la privatización de la sanidad pública (Catarata, 2013), ha publicado un comunicado en el que mantiene que la comunidad no debe "recurrir, aceptar, ni agradecer" esta donación.

La ADSPA no ha querido hablar con este diario y se ha remitido a su propia nota, en la que se mezclan desde críticas a la privatización a la sanidad a un tirón de orejas a la empresa de Amancio Ortega por las supuestas condiciones laborales de los que manufacturan su ropa en Asia. 

"Si tan preocupada está por la salud, teniendo en cuenta que su ropa se elabora en gran parte deslocalizada en países como Marruecos o Bangladesh, que mejore las condiciones de trabajo de las personas que directamente o mediante subcontratas trabajan en condiciones de explotación y grave riesgo para su salud y su vida, y que trabaje para corregir las violaciones de los derechos humanos que se producen en la cadena de producción textil. Todavía está muy fresco el recuerdo de la tragedia del Rana Plaza, cerca de Bangladesh, con 1.134 muertos y más de 2.500 heridos", reza el comunicado.

Anteriormente, las federaciones de la ADSP en Canarias, País Vasco y Galicia habían distribuido notas de prensa muy similares. 

Una radióloga crítica con Feijóo

Luisa Lores, radióloga en el Complexo Hospitalario de Pontevedra, defiende la postura de su asociación. "En un país serio como es España, el sistema de salud debe de estar financiado con dinero público de los Presupuestos Generales. Hay que hacer un diagnóstico de la salud de la población, y según eso se tendrán unas necesidades y se comprarán equipos o fármacos según sea necesario", ha afirmado Lores a EL ESPAÑOL.

Esta sanitaria, que también se muestra contraria al TTIP, la privatización de la sanidad y el uso de datos sanitarios por parte de la medicina privada, sostiene que "el sistema público es una cosa, el privado es otra y deben estar separados".

Lores criticó en su día que España pagara el traslado de los dos misioneros afectados por ébola que acabaron falleciendo en nuestro país, algo que sugirió que debía haber abonado la orden religiosa de la que eran miembros. 

Un médico del PSOE portavoz de la Marea Blanca de Tenerife

En la misma línea se ha pronunciado Guillermo de la Barreda, presidente de la federación canaria de la ADSP y exsecretario insular de Sanidad del PSOE de Tenerife. Esta comunidad recibió 17 millones de euros para destinarlos a la lucha contra el cáncer. El también portavoz del movimiento a favor de la sanidad pública Marea Blanca de la ciudad apunta que le "parece ilógico que el gobierno de Canarias se financie por gratificaciones cuando es incapaz de solucionar sus problemas financieros".

De la Barreda, exjefe de servicio de Traumatología del Hospital Universitario de Canarias, sostiene que habría visto mejor una donación para financiar otras cosas. "La tecnología se está utilizando de una manera incorrecta y se están pidiendo pruebas innecesarias en muchos casos, por eso creemos que esta no es precisamente la mejor forma de invertir, cuando hay necesidades mucho más graves", comenta a este diario. Entre las necesidades que destaca el médico canario están "la falta de personal o la falta de infraestructuras".

Médico jubilado del Hospital de Cruces

Otra comunidad que ha recibido una donación por parte de Amancio Ortega en las últimas fechas es el País Vasco. El empresario gallego aportó al Servicio de Salud vasco más de 17 millones de euros que servirán para adquirir varios equipos de radioterapia y un mamógrafo que se instalarán en los hospitales universitarios de Basurto, Txagorritxu, Donostia y Cruces. Precisamente de éste último fue médico Jorge Barrón, ahora jubilado y miembro de la junta directiva de la ADSP en Euskadi.

El doctor se ha mostrado en declaraciones a este medio "partidario de que los servicios públicos sean financiados por los impuestos de todos los españoles. No necesitan de ningún tipo de donaciones porque es perfectamente sostenible".